T
al como suceda cada año cuando comienza el debate legislativo sobre el presupuesto proyectado por el Ejecutivo provincial para el año entrante, a la hora de analizar los números del área de educación, el ausentismo en el sector docente fue uno de los ejes de debate por parte de los parlamentarios que integran la Comisión de Educación.
La alarma la encendió el radical Pablo Blanco, quien cuestionó la cifra pico del 62% de ausentismo docente, con una media del 50%, de acuerdo a los datos que aportó la ministro de Educación, Sandra Molina, en su paso por la Comisión para sustentar las proyecciones de su cartera para 2015.
En la misma línea se había manifestado la legisladora oficialista Amanda del Corro, quien al igual que Blanco puso la lupa más sobre el deficiente control que debe llevar adelante el Ejecutivo que sobre el régimen de licencias, que Del Corro definió como “derechos adquiridos”.
La problemática no es nueva, y de hecho también fue observada hace tiempo por el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).
El gremio solicitó en más de una oportunidad que las áreas involucradas, específicamente Fiscalización Sanitaria, eficientice los controles ya que, por ejemplo, en muchos casos las licencias prolongadas perjudican a los docentes que ejercen suplencias y no pueden alcanzar la estabilidad que implicaría el acceso a la titularidad.
En declaraciones a Radio Universidad de Río Grande, Blanco sostuvo que por esta problemática se está generando un “dispendio de recursos”, y en ese sentido apuntó que “la existencia del suplente del suplente del suplente en el sistema no es invento de esta gestión”.
En cuanto al porcentaje de faltas explicó que “de acuerdo a los meses hay curvas de ascenso y descenso muy pronunciadas, con un salto importante en marzo y agosto”, lo que adjudicó a una suerte de “extensión” de los periodos vacacionales.
“El promedio de ausentismo ronda el 50% en general y esto es un dispendio de recursos que no se invierten correctamente”, enfatizó, pero también apuntó que “en estos porcentajes no están previstos ni los permisos ni las licencias gremiales, con lo cual el ausentismo aumenta mucho más”.
El parlamentario de la UCR citó casos de docentes con tratamiento psiquiátrico “que están dando clases en el sector privado”, para lo cual mantienen una licencia por enfermedad de largo tratamiento, generan la necesidad de un suplente “y cobran su sueldo del Estado sin trabajar, además de su ingreso por hacerlo en el privado”.
Blanco achacó esta irregularidad a la “falta de control” por parte del Estado, a la vez que hizo hincapié en que “no es función de la Legislatura controlar a la docencia ni a quién les dan las horas cátedra”.
Para ello, dijo, “hay una estructura en la Administración Pública” que incluye “Auditoría Médica y Fiscalización Sanitaria, que tienen una función muy importante”.
Para Blanco, “hasta tanto no se tome conciencia de que el que cobra debe trabajar las cosas no van a cambiar”, por lo que entendió que “esto no es falta de plata” si no que “el problema es que se entienda que el que cobra debe cobrar por trabajar y su primera obligación es cumplir con su deber”.
“Esto va cada vez peor porque cada vez hay menos conducta y menos responsabilidad de saber que uno percibe algo y debe dar una contraprestación –fustigó–, mientras se siguen analizando presupuestos que destinan más del 90% a sueldos con un gran porcentaje de empleados que no van a trabajar”.
