E
l Superior Tribunal de Justicia (STJ) inició un sumario administrativo contra el defensor oficial Juan Carlos Assan, a quien se acusa de haber asistido a la ex jueza Civil de Ushuaia María Adriana Rapossi en la presentación de un recurso de amparo contra el IPAUSS para cobrar su jubilación de unos 65 mil pesos mensuales en una sola cuota.
El caso revelado por EDFM a fines del año pasado generó un escándalo en el Poder Judicial porque, en causas civiles, la Defensoría Pública solamente puede intervenir cuando se trata de personas con escasos recursos económicos.
Sin embargo, Rapossi logró que Assan le firmara la presentación del amparo, lo que derivó en una airada reacción dentro de tribunales, ya sea por parte de jueces, defensores y hasta del Colegio de Abogados de Ushuaia.
Lo que no se conocía hasta ayer, es que el propio STJ había decidido tomar cartas en el asunto e investigar lo sucedido.
Según trascendió, el máximo tribunal fueguino delegó la tarea en el director de Sumarios y Concursos del organismo, Hugo Montoni.
El funcionario inició el expediente número 39.890/14 caratulado “Assan Juan Carlos s/ su actuación” y le remitió el oficio 1729/14 al Juzgado Civil N°2 donde se tramita el amparo de Rapossi, bajo el número de causa 20.374/2014.
Montoni le requirió de ese modo al juez Gustavo González copia íntegra de las actuaciones a los fines de continuar con la investigación, y el magistrado le respondió el pedido, enviándole los documentos solicitados, el pasado 24 de diciembre.
No es el único frente que deberá atender Assan a raíz de su polémica intervención. El Colegio de Abogados, a través de su flamante presidente, Clemente Vidal Oliver, también le pidió explicaciones por escrito al jefe de Defensores Públicos, Gustavo Ariznabarreta.
En este caso, la institución que nuclea a los letrados locales pretende saber si Rapossi accedió a la asistencia de Assan por los carriles normales: si solicitó un turno en la mesa de entradas, si esperó ser atendida y si presentó la declaración jurada que acredite su imposibilidad económica de contratar a un abogado particular.
Hasta el momento la Defensoría no contestó el requerimiento del Colegio, si bien podría hacerlo en los próximos días. Los abogados sospechan que la ex jueza Civil no hizo ninguno de los trámites de rigor, y que se benefició por el conocimiento personal que tenía del defensor.
Amparo sin resolver
En relación al recurso de amparo presentado por Rapossi para lograr el cobro de su jubilación, trascendió que luego del escándalo, la ex magistrada nombró como “gestor” a un abogado particular de Ushuaia para que realizara trámites vinculados con la causa.
Esa situación fue aceptada por el juez González, quien hasta ayer no había resuelto la presentación realizada por la ex jueza que se jubiló en medio de una serie de cuestionamientos a su desempeño personal.
En cambio González ya resolvió una parte del planteo, al rechazarle a Rapossi la posibilidad de demandar al Gobierno de la Provincia, además de al IPAUSS, por la falta del pago completo de su jubilación.
Esto es porque el magistrado citó jurisprudencia vigente del Superior Tribunal en casos similares, donde se desecha que la demanda deba prosperar contra el Ejecutivo, y no solamente contra el Instituto de Previsión Social.
De acuerdo al trámite procesal, el juez esperará ahora la contestación que debe realizar el IPAUSS a la demanda de Rapossi, y recién entonces estarán en condiciones de resolver si hace lugar o rechaza el amparo, mientras el defensor oficial que la asistió en primera instancia es investigado por su intervención y enfrenta el sumario del Superior Tribunal de Justicia.
Salida polémica
Rapossi está jubilada desde el 18 de diciembre de 2013. Su salida del cargo fue polémica porque se produjo cuando arreciaban denuncias en su contra por presunto mal desempeño.
En ese contexto, y en pocas horas, el Consejo de la Magistratura rechazó dos pedidos de jury contra la magistrada, y el Superior Tribunal de Justicia le concedió el beneficio jubilatorio.
La entonces jueza Civil estaba acusada de cometer prevaricato y de actuar con negligencia en la tramitación de una causa, de no haber denunciado una amenaza proferida por un particular y de haber actuado en otro expediente con “notorio desconocimiento del derecho”, entre otras imputaciones que luego fueron desechadas.
