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a Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó parcialmente un recurso extraordinario federal y con ello confirmó la destitución del ex integrante del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Claudio Riciutti, separado del cargo en 2010 después de un juicio político realizado por la Legislatura.
El fallo dictado por la Corte el pasado 30 de diciembre también hizo lugar al planteo realizado por Ricciutti, en el sentido de que la condena de inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos, dictada por la Cámara legislativa, resultó arbitraria por falta de fundamentación.
De esta manera, aunque no podrá volver a su antigua función en el organismo de control, el ex funcionario al menos quedó liberado de la sanción relacionada con no poder desempeñarse en el Estado.
Riciutti fue enjuiciado y destituido del cargo el 17 de noviembre de 2010, con los votos de los entonces legisladores Fabio Marinello, Verónica De María, Marcelo Fernández, Roberto Frate, Damián Löffler, Ana Lia Collavino y Adrián Fernández, integrantes de la Sala Juzgadora de la Legislatura, quienes lo hallaron responsable de mal desempeño.
Los cargos contra el contador y abogado consistieron en haber interpretado a su conveniencia y sin intervención judicial, el contenido de la ley provincial 50, fijándose una remuneración que por todo concepto superaba la de la gobernadora.
El juicio fue polémico porque no alcanzó a los otros dos miembros del Tribunal de Cuentas, que se encontraban en similar circunstancia, y porque la misma modalidad se venía cumpliendo desde hacía varios años, sin ninguna objeción.
El único que hizo notar esas circunstancias fue el legislador radical Gabriel Pluis, que votó por la absolución.
El caso había comenzado con una denuncia del ex senador (ahora fallecido) José Martínez. Tras la destitución legislativa, la defensa de Riciutti acudió sin éxito al Superior Tribunal de Justicia y finalmente recurrió a la Corte Suprema.
El máximo tribunal argentino falló finalmente el último día hábil de 2014, en una decisión que cuenta con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.
La resolución interpretó, en lo atinente a la inhabilitación, que esa medida no puede prosperar “sin una fundamentación autónoma” a la de la destitución, y que lo ocurrido es análogo a cuando destituyeron por juicio político al ex gobernador Jorge Colazo.
