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través del decreto 27 de 2015, el Gobierno promulgó la Ley de Educación Provincial, aprobada sorpresivamente por la Legislatura el pasado 4 de diciembre pese a que varios integrantes de la Cámara habían descartado en los días previos que el proyecto se fuera a tratar en esa oportunidad.
Cabe recordar que la aprobación por 10 votos a 5 generó el rechazo del sector docente fueguino, ya que la iniciativa no integraba el orden del día original. Ahora, con el decreto publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Provincia la Ley de Educación entró en plena vigencia.
Desde el Ejecutivo destacaron que la ley “regula y garantiza el ejercicio del derecho humano personal y social de enseñar y aprender en la Provincia, estableciendo al Ministerio de Educación como autoridad de aplicación”, en tanto que “no se declara la esencialidad del servicio, cuestión que en su momento mereció reparos por parte de las entidades gremiales con representación de trabajadores de la educación”.
Del mismo modo, señalaron que “la estructura del Sistema Educativo Provincial comprende cuatro niveles y ocho modalidades. Los niveles de la educación establecidos son: Inicial; Primaria; Secundaria y Superior. Las Modalidades Educativas Generales, son: Técnico Profesional; Artística; Especial; Permanente de Jóvenes y Adultos; Rural; Multicultural e Intercultural Bilingüe; en Contextos de Privación de la Libertad; Domiciliaria y Hospitalaria”.
“En relación a la inversión en el sistema educativo por parte del Estado provincial, no podrá ser inferior al 35% del total de los recursos corrientes de libre disponibilidad de la Administración Central, netos de coparticipación a municipios y Contribuciones Figurativas de Poderes y organismos de Control”, precisaron.
También remarcaron que “la Ley crea el Consejo de Educación Provincial como un órgano consultivo orientado a cooperar y asesorar al Ministro de Educación sobre diferentes aspectos de la Política Educativa Provincial, en un ámbito participativo cuya intervención será exclusivamente en materia educacional”. Y agregaron: “Entre sus funciones se encuentran la de analizar y avalar las definiciones presupuestarias que garanticen el normal funcionamiento del sistema educativo provincial”.
En tanto, “se deja bajo la facultad del Poder Ejecutivo reglamentar la composición, los requisitos, la duración y el sistema electoral para la elección de los integrantes del Consejo de Educación”.
Ese Consejo “tendrá tres sesiones en el año, una al inicio del ciclo lectivo, la segunda antes del receso escolar de invierno y la tercera al finalizar el ciclo escolar”, a le vez que “deberá elevar a la Legislatura provincial y a las unidades de gestión del Sistema Educativo, un informe anual y otro al término de su gestión”.
Polémica
Cabe recordar que en la última sesión de 2014 por decisión mayoritaria los legisladores habilitaron el tratamiento sobre tablas del proyecto de Ley de Educación. Como el asunto carecía de dictamen de comisión, para que la moción formulada por la legisladora Laura Rojo prosperara resultaba necesario que contara con 10 votos que se alcanzaron gracias al acompañamiento de los parlamentarios del oficialista PSP, de la UCR, del MPF y de la justicialista Siracusa.
Se opusieron a la incorporación al orden del día el también justicialista Eduardo Barrientos, los legisladores del Frente para la Victoria y Omar Liendo, del PP.
Quienes votaron a favor aseguraron que la norma sancionada se nutrió de la mayoría de los aportes efectuados por el sector docente, salvo en lo referente al carácter de las resoluciones del Consejo de Educación y al financiamiento del sistema. En tanto que los argumentos esgrimidos por quienes se opusieron a la sanción de la ley fueron diversos. El justicialista Barrientos manifestó su negativa no al texto del proyecto sino al procedimiento seguido para su aprobación, y desde el Frente para la Victoria se argumentó la existencia de profundas divergencias políticas con el proyecto de la mayoría.
El avance en el tratamiento del proyecto derivó en una convocatoria de docentes frente al recinto de la Legislatura, aunque no pudieron ingresar debido a un fuerte operativo policial.
Luego el SUTEF decidió, en días posteriores, no dar inicio al ciclo lectivo 2015 en rechazo a la metodología utilizada por los parlamentarios para sancionar la normativa.
