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l abogado y representante del Frente para la Victoria (FPV), Manuel Raimbault, cargó ayer contra la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de no aceptar la recusación del juez de Cámara Ernesto Löffler como miembro de la Junta Electoral Provincial y Municipal, por la causa de parentesco, al ser hermano del candidato a legislador por el Movimiento Popular Fueguino Damián Löffler.
Raimbault sostuvo que la sentencia cuyo contenido publicó EDFM, “lejos de resolver el problema de la sospecha de imparcialidad, lo potencia”, y anticipó que podría desatarse una ola de recusaciones contra Löffler cada vez que intervenga, por ejemplo, en la validez de votos recurridos o impugnados durante el escrutinio de los comicios del 21 o 28 de junio.
“Más allá de las distintas opiniones jurídicas, en la práctica, la situación se va a complicar aún más. Cualquier partido va a objetar las intervenciones de Löffler en momentos del proceso electoral donde ya será demasiado tarde para que se aparte o se nombre a un sustituto”, afirmó el letrado, y para graficar el escenario que se presenta, dijo que “no puede controlar la elección el hermano de tu contrincante”.
El abogado del FPV anticipó que a raíz de ello, esa fuerza política se prepara desde el plano jurídico, para presentar un recurso extraordinario federal contra el fallo del STJ, y tantas recusaciones puntuales como actos se produzcan con la intervención de Löffler. Por su parte, también requerirán la invitación de veedores externos para que fiscalicen las elecciones, propuesta que también había planteado semanas atrás el senador Jorge Garramuño.
“Vamos a discutir la autenticidad de estas elecciones en cada instancia y en cada punto que podamos, porque instalada la sospecha de parcialidad, no se perjudica al Frente para la Victoria, sino que se oscurecen las elecciones”, aseveró.

Pagaré versus elecciones

Según Raimbault, el problema central radica en no haber aplicado al proceso electoral, las reglas del debido proceso que rigen para cualquier causa ordinaria.
“Si yo voy a ejecutar un pagaré, y a quien voy a demandar es pariente del juez, corresponde que el juez se aparte del proceso y no intervenga más. No se espera una situación concreta de sospecha para entonces plantear el tema. Lo que no se entiende es por qué para ejecutar un pagaré tenemos esta garantía, pero no la tenemos para elegir gobernador de la Provincia”, razonó el ex legislador. Y puntualizó que con la recusación “no se ataca” ningún valor personal ni cualidad del magistrado interviniente, sino que se intenta que “el sistema vuelva confiable a las instituciones, antes de la aparición de cualquier irregularidad”.
El letrado enfatizó en que el mero parentesco entre los hermanos Löffler es el que origina la sospecha y debiera concluir en su apartamiento, sin que exista ninguna otra circunstancia.
“Esperar el caso concreto de recusación nos lleva al absurdo. Porque ¿cuál será esa situación? ¿cuando Löffler intervenga en un caso que pueda beneficiar a su hermano?, ¿o cuando lo haga en otro caso que pueda perjudicar a sus adversarios? Siempre habrá un estado de sospecha que amerite su apartamiento. El Superior Tribunal pudo haber evitado lo que ahora se producirá de todos modos”, explicó Raimbault.
El abogado también valoró el dictamen que, en el mismo sentido de su planteo, realizó el Jefe de Fiscales de la provincia, Oscar Fappiano, y que no fue tenido en cuenta por los jueces Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Javier Muchnik a la hora de pronunciarse sobre el tema.
“Es genéricamente admitido que la síntesis del proceso de soberanía popular por el cual el pueblo va a ponerle un nombre y apellido a esa voluntad de la gente, se llama proceso electoral. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se deben aplicar las leyes del debido proceso al proceso electoral. Eso nos lleva a respetar sin restricciones la garantía de imparcialidad de los jueces. Y eso es lo que se ha puesto bajo sospecha en estas elecciones, sin que el problema se haya solucionado hasta el momento”, insistió el letrado.