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a Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en Chubut, revirtió las multas millonarias impuestas por el Gobierno Nacional contra ocho empresas automotrices acusadas de concertar precios y apropiarse de beneficios impositivos en Tierra del Fuego.
La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Augusto Costa, había sancionado en diciembre del año pasado a las compañías Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault, Volkswagen y Toyota, con multas que en total sumaban 1060 millones de pesos, luego de una investigación de varios años realizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Sin embargo, las firmas recurrieron la decisión administrativa ante los tribunales y obtuvieron el pronunciamiento de la Justicia Federal que adelantó el sábado el diario La Nación de Buenos Aires.
La Cámara de Comodoro Rivadavia sostuvo que las pruebas utilizadas por el organismo gubernamental para determinar la sanción no son suficientes para acreditar la irregularidad.
"En virtud de los fundamentos vertidos, entendemos que el material probatorio incorporado a las actuaciones es insuficiente y no acredita la conducta atribuida", afirma la sentencia que ahora podrá ser recurrida también por el Gobierno.
Mientras tanto, el fallo establece que “debe revocarse la resolución del secretario de Comercio N° 271, de fecha 12 de diciembre de 2014, en todas sus partes y en cuanto ha sido materia de apelación".
“La Nación” interpretó el fallo judicial como “un revés” para el Gobierno Nacional, al encuadrarlo en una disputa entre las autoridades y las empresas surgida en 2014.
El eje de esa controversia habrían sido las críticas de los directivos de las automotrices por la falta de dólares para adquirir unidades y repuestos en el exterior del país, además del aumento de los precios de los automóviles.
Las autoridades habrían reaccionado haciendo lugar a la denuncia por “cartelización” de precios en Tierra del Fuego, que en realidad tramitaba desde hacía tiempo en las oficinas de la Secretaría de Comercio Interior.
Las multas aplicadas a 8 de las 11 fabricantes de automotores en la Argentina, porque supuestamente habían acordado precios en perjuicio de los consumidores en las ventas de vehículos, habían sido de 104 millones de pesos a Toyota, de 150 millones para General Motors, Renault, Ford, Fiat, Volkswagen y de 56 millones a Peugeot-Citröen.
Por su parte en la provincia, el estudio jurídico de los abogados Antonio Aciar y Federico Rauch, que motorizó la investigación contra las automotrices en 2008, había anunciado este mes el inicio de una demanda judicial colectiva para que los compradores de unidades cero kilómetro obtengan la devolución de los sobreprecios cobrados por las compañías.
El caso abarca “a todas las personas que hayan adquirido unidades cero kilómetro en Tierra del Fuego a partir de 2001. Y se trata de una demanda colectiva, o acción de clase, que involucra a una cantidad de personas sujetas a una situación jurídica definida”, había explicado Aciar.
El letrado detalló que el propósito de la acción judicial es “ejercer el derecho de los consumidores a reclamar la devolución de esos sobreprecios”, aunque “como se trata de un número indeterminado de personas, el procedimiento incluye la posibilidad de que los damnificados adhieran al expediente tras una convocatoria pública del juzgado”, señaló al momento de la presentación.
Si bien el expediente tramita en un juzgado Civil de la ciudad de Río Grande, el estudio jurídico habilitó lugares para concretar la adhesión en la ciudad de Ushuaia y en el municipio de Tolhuin.
También se aclaró que el monto que reclamará cada uno de los compradores dependerá de un “abanico muy variado de posibilidades” aunque relacionado siempre “con el tipo de auto adquirido y la fecha de la compra”, mencionaron fuentes judiciales.
Los abogados agregaron que exigirán el pago de intereses, desde la fecha de la operación, y una “indemnización punitiva” que “sanciona la conducta de las empresas y que se inscribe dentro de los derechos del consumidor”, fundamentó Aciar.
