E
l próximo miércoles el abogado Francisco Ibarra Rodríguez prestará juramento como Procurador Penitenciario de la Provincia ante los legisladores, en el marco de la sesión especial que fue convocad al efecto por el legislador Damián Löffler en su carácter de Vicepresidente 2° del Parlamento.
La decisión de perfeccionar mediante ese acto la Procuración Penitenciaria en ámbito del Poder Legislativo, que fue creada a pesar de la oposición del Poder Ejecutivo a fines del año pasado, parece estar apuntada específicamente a posibilitar que el titular de esa institución defina la estructura orgánica funcional y administrativa de la Procuración –que deberá ser aprobada por la Cámara con el voto de los dos tercios de sus miembros- y designe a los funcionarios y empleados, para poder incorporar dentro del proyecto de presupuesto 2016 los recursos económicos con que contará ese organismo.
En la última sesión ordinaria de 2014, realizada el jueves 4 de diciembre, el Parlamento votó por unanimidad el proyecto impulsado por el bloque de la UCR para constituir en la provincia un organismo cuyo “objetivo fundamental es proteger los Derechos Humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Provincial, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción provincial, comprendidos comisarias, alcaldías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de libertad”, para lo cual “el Procurador Penitenciario podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado o familiar de éste, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o de su apoderado o defensor, cualquier investigación, conducente al esclarecimiento y cese, en su caso de actos, hechos u omisiones que afecten los derechos de los procesados y condenados sujetos al Régimen Penitenciario Provincial y de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción provincial”, inclusive de aquellos “procesados y condenados por la justicia federal que se encuentren internados en establecimientos provinciales”.
El 13 de enero de este año, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 122 mediante el cual vetó totalmente el proyecto en cuestión, por considerar que la institución creada en el ámbito legislativo superponía sus competencias en la materia con las que son propias del Poder Judicial, las otorgadas a la Secretaría de Derechos Humanos y a al comité de evaluación de seguimiento y aplicación de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que fuera creado por la Legislatura en 2011.
Tanto este como los demás argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, no lograron conmover la postura inicial de los parlamentarios, quienes en la primera sesión ordinaria de este año rechazaron por 14 votos a favor (Del Corro estuvo ausente) esas objeciones e insistieron en la sanción de la norma.
A fines de marzo la ley quedó promulgada de hecho y a mediados del mes de mayo la UCR presentó la terna de candidatos de entre los cuales la Legislatura debía elegir al Procurador Penitenciario.
Los postulantes eran los abogados Francisco Ibarra Rodríguez, impulsado por el radical Pablo Blanco; Pedro Fernández, respaldado por justicialista Susana Siracusa, y Hernán Gaite a propuesta del también justicialista Eduardo Barrientos.
En la sesión del 8 de julio, y acuerdo político mediante, los 12 legisladores que tomaron parte de ese encuentro parlamentario (estuvieron ausentes Del Corro, Arcando y Lechman) eligieron por unanimidad al abogado Francisco Ibarra Rodríguez como procurador penitenciario. En esa oportunidad quedó planteado el compromiso de Ibarra Rodríguez de designar a Pedro Fernández (propuesto por la legisladora Siracusa) como procurador adjunto.
