U
na caravana de vehículos y un acto realizado en el Cabo Espíritu Santo, el extremo norte de la Isla donde se encuentra el Hito 1 que divide la frontera con Chile, sirvió para que unos doscientos fueguinos, convocados por la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego (FePoTtra) reclamaran el sábado la concreción del cruce marítimo por aguas argentinas, al cumplirse el tercer aniversario de la sanción de la ley 26.776 que declaró política del Estado nacional a la integración entre Tierra del Fuego y la zona continental argentina.
La ceremonia llevada a cabo en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, y con la vista del continente que alcanzaba a divisarse en el horizonte, se realizó en medio de condiciones meteorológicas adversas, producto de un fuerte temporal de viento que azotó toda la zona norte de la provincia y que incluyó ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora.
El viento, incluso, había obligado a suspender ese día el servicio de barcaza en Bahía Azul, el cruce del estrecho situado en territorio chileno por donde los fueguinos pasan obligadamente (incluido el transporte de carga) para poder regresar al país por el sur de Santa Cruz.
Sin embargo, el clima no impidió que unos sesenta vehículos, que se fueron reuniendo en distintos sitios del camino entre Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, partieran finalmente desde el paso fronterizo de San Sebastián pasadas las 11 de la mañana, para cubrir los 90 kilómetros de camino de ripio que llevan hasta el Hito 1.
Los manifestantes, que llevaban banderas argentinas y pertenecían mayoritariamente a organizaciones sociales y gremiales, conformaron una extensa fila de autos y camionetas que, separados unos cincuenta metros uno de otro, avanzaron durante más de una hora atravesando una ruta sometida a trabajos previos a su pavimentación, con ripio suelto, poco señalizada y apenas transitada por vehículos de las empresas petroleras instaladas en el lugar.
El último tramo del camino casi no está demarcado y finaliza con una pendiente en ascenso hasta las precarias instalaciones de la “Estación de Vigilancia y Control de Tráfico Marítimo”, en el Hito 1, un sitio con más nombre que comodidades y prestaciones, donde un par de integrantes de la Armada Argentina se supone que controlan el intenso y estratégico paso de embarcaciones entre los océanos, justo en dirección hacia la Islas Malvinas. Parece mentira que un lugar clave para el comercio marítimo mundial, y básico para las pretensiones de soberanía argentina sobre el archipiélago usurpado por el Reino Unido, se reduzca a dos casillas de chapa, un generador eléctrico, una radio y una antena.
Cuando la caravana de fueguinos llegó al lugar, los autos se estacionaron en hilera y los manifestantes se formaron detrás de una gran bandera y llegaron caminando hasta el interior de las instalaciones donde se realizó un acto y se leyó un documento denominado “Declaración del Cabo Espíritu Santo”.
Además de integrantes de la FePoTra, estuvieron en el lugar representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (incluido su secretario general en Río Grande y diputado nacional Oscar Martínez), del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), del sindicato docente (SUTEF), del sindicato de petroleros privados, y de los centros de ex combatientes de Malvinas de Ushuaia y Río Grande, entre otras organizaciones.
Durante la ceremonia se homenajeó al dirigente barrial de Ushuaia Luis Torres, fallecido el jueves pasado, que era uno de los impulsores de la organización, y también estuvo presente uno de los hijos del ex senador José Martínez, autor de la ley del cruce.
Un pedido de seis generaciones
La llamada “Declaración del Cabo Espíritu Santo” expresó la “firme y decidida voluntad de exigir el cumplimiento cabal del mandato expresado en el articulado de la Ley Nacional 26.776, de realizar un cruce “en orden a la menor distancia posible” y a través de “buques porta-rodantes”.
El documento remarcó el “compromiso, la persistencia, la militancia, el trabajo y el legado histórico de seis generaciones de fueguinos y santacruceños que han impulsado con demostrado compromiso y sobrada fundamentación, las acciones necesarias para que el país pueda contar con la posibilidad real de un cruce marítimo por aguas argentinas”.
El escrito se pronunció a favor de “no aceptar la puesta en marcha de ningún proyecto ejecutivo, hasta tanto no se hayan realizado los estudios de factibilidad como lo ordena la ley”, y exigió para ello la “participación activa de las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz”.
En ese sentido, se repudió “la soberbia del centralismo porteño que está empeñado no solo en trazarnos desde Buenos Aires un futuro a su antojo, sino además impedirnos descaradamente toda posibilidad de opinión y de participación activa, atentando seriamente contra el federalismo”.
También se convocó a las autoridades locales a “trazar un urgente plan de acción” y “constituir una mesa de enlace y articulación con la hermana provincia de Santa Cruz”. Y se criticó con nombre y apellido “tanto al Interventor de la Administración General de Puertos de la Nación Sociedad del Estado (AGP SE) Sergio Borrelli como al senador nacional Julio Catalán Magni” por la “falta de seriedad, de precisión y rigor técnico-científico, de la Evaluación Preliminar redactada por ese organismo para la ejecución de la Ley 26.776, que ocasionó que el anuncio presidencial del pasado 23 de julio, desde Río Gallegos y por Cadena Nacional, no pudiera dar un solo paso concreto, producto de la abundante y demostrable cantidad de errores que de exprofeso impulsaron ambos, contrario a los intereses de la Nación en general y de las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz, en particular”.
