6a sesión ordinaria

Legislatura: día de presupuesto y vetos

03/11/2015
L
os Legisladores volverán a ocupar sus bancas este jueves para llevar adelante la sexta sesión ordinaria del año, que fue convocada ayer a solicitud de los parlamentarios Blanco, Rodríguez y Martínez Allende (UCR); el justicialista Barrientos; el mopofista Lechman, y el oficialista disidente Marinello.
La intención de la mayoría de los integrantes del cuerpo pasa por aprobar el proyecto de ley de Presupuesto provincial para el ejercicio 2016, que llegaría al recinto sin cambios sustanciales respecto del que fuera presentado por la gestión Ríos a fines del mes de agosto, como así también insistir en la sanción de seis proyectos de ley aprobados en la sesión del 15 de octubre y que fueran vetados por el Poder Ejecutivo.
Si bien los argumentos jurídicos y económicos esgrimidos por el Ejecutivo para vetar cuatro de esos seis proyectos aparecen como suficientemente sólidos para frustrar su rechazo, la decisión política mayoritaria de los integrantes del parlamento sería la de hacer oídos sordos a los planteos sustentados por la mandataria. 

Tributo en riesgo

El Poder Ejecutivo alertó a los Legisladores sobre las gravosas consecuencias que podría acarrear para la Provincia la insistencia del proyecto de ley por el cual se pretende afectarse un 30% de la recaudación por tasas de verificación a la industria a constituir un fondo de financiamiento de obra pública para los municipios de Ushuaia y Río Grande.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica se sostiene que “la aplicación de una tasa retributiva de servicios implica la afectación de lo recaudado al financiamiento de la prestación de de un servicio concreto, efectivo e individualizado que el Estado brinda a los propios contribuyentes”, por lo que  “desviar expresamente la afectación de los montos” percibidos por el cobro de la tasa “contradice y debilita los argumentos del Estado para la percepción de la misma, haciéndola pasible de ser impugnadas por los contribuyentes”, a lo que agrega que esas potenciales impugnaciones judiciales “tiene altas probabilidades de prosperar” en función ello de la jurisprudencia y doctrina existente en la materia.
En el fundamento que dio lugar al dictado del decreto 2427/15, mediante el que se vetó totalmente el mencionado proyecto de ley, se refiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho, en el fallo dictado en la causa impulsada por la empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida contra la Provincia por el tema tasa de verificación, que “la naturaleza del tributo implica en esencia una afectación de los ingresos recaudados al financiamiento necesario para la prestación del servicio descripto por la ley tarifaria” por lo que afectar parte de esos ingresos a un fin distinto a aquél “implicaría un reconocimiento liso y llano por parte del Estado y una señal clara y contundente a los contribuyentes de que la tasa de verificación recaudada excede el costo del servicio prestado, al menos en un 30%, lo que la hace pasible de embates judiciales...”. Al margen del riesgo que tal situación plantea, se indica también que el proyecto “viola el régimen de coparticipación” provincial “al incorporar un tributo no previsto para su participación a los municipios” a la vez que resulta “violatorio  del principio de igualdad” por cuanto excluye de manera injustificada de ese fondo al municipio de Tolhuin.
Además cuantifica en poco más de 121millones de pesos el monto que le habría representado al Ejecutivo resignar a favor de los municipios de Ushuaia y Río Grande el 30% de lo recaudado entre enero y septiembre por tal concepto.  

Afectación ambiental y al patrimonio cultural, paleontológico  y antropológico

Otra iniciativa legislativa que fue vetada totalmente por el Ejecutivo es la que pretende establecer “una zona de uso especial en el sector de playa correspondiente a la reserva costera atlántica, en la que podrá realizarse la extracción de áridos minerales de tercera categoría”. Respecto de este proyecto, las áreas técnicas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia, de la Secretaría de Cultura, como así también investigadores del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) se manifestaron abiertamente en contra de la propuesta aprobada por mayoría por la Legislatura.
Desde Desarrollo Sustentable se señala que el proyecto objetado se contrapone con los principios establecidos en la ley de creación del sistema provincial de áreas naturales protegidas, por los que se prohíbe dentro de esas áreas la actividad minera, incluida la extracción de áridos. Sobre el particular se indica que “la zona intermareal constituye el área principal de alimentación para las aves que frecuenten la reserva y que la extracción de áridos, además de modificar la estructura de la playa ern las áreas de operación y provocar disturbios por la presencia de maquinarias, puede ser un factor de cambios en la composición de los sedimentos que albergan a la fauna bentónica”. Además de estos argumentos de estricto corte de protección de medioambiental suma otro referido al impacto que la extracción de áridos en la zona prevista por el Parlamento puede tener “sobre la obra Muelle Caleta La Misión”, ya que se menciona que la ley “no evalúa como la alteración de la dinámica costera podría afectar la conformación de la caleta asociado a una eventual puesta en funcionamiento del puerto”.
Como si esto no fuera suficiente se precisa que el sector que los legisladores pretenden afectar para la extracción de áridos se superpone con el “cementerio salesiano” que en 1999 fue declarado monumento histórico nacional.
Por su parte, profesionales del CADIC alertan que la zona elegida para la reubicación temporal de canteras “no ha sido puntualmente prospectada hasta el momento”, por lo que la riqueza paleontológica y arqueológica de potenciales sitios a investigar podría verse seriamente afectada, por lo que  recomiendan “no innovar en la reubicación de las canteras hasta realizada una exploración exhaustiva del área en cuestión”.

Sin previsión de mayores recursos

En lo que hace a los vetos totales a los proyecto de ley de presupuesto de la Procuración Penitenciara, de 2,2 millones de pesos, para el trimestre octubre-diciembre de 2015, y al de creación de un adicional salarial remunerativo y no bonificable para el personal del ministerio de Trabajo, las objeciones sustentadas desde la gestión Ríos hacen hincapié en la falta de respaldo presupuestario para sustentar esas mayores erogaciones.
Respecto de la primera iniciativa, se entiende que “no cumple con los requisitos de equilibrio, toda vez que indica el incremento de gastos pero no indica las partidas a diminuir” para afrontar ese compromiso, lo que se interpreta  como violatorio del artículo 67 de la Constitución, que determina que “toda ley que implique o autorice erogaciones deberá prever el recursos correspondiente”.
En cuanto a la modificación plantada a la ley 90 -Policía del Trabajo- tendiente a establecer una compensación salarial equivalente al 65% de la remuneración mensual, normal, habitual y permanente para los agentes de la cartera laboral, se indica que “la falta de respaldo de crédito presupuestario” para afrontar un aumento estimando en 1,5 millones de pesos al mes en salarios “configura en sí misma una limitación que la Administración no puede desoír” toda vez que la ley 495 (de administración financiera) impide “adquirir compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de créditos presupuestarios”.

Ni mejoras ni beneficios en la atención al cliente

El último de los vetos totales aplicados por el Ejecutivo fue sobre el proyecto de ley de cambio de horario de atención bancaria. En este caso, las razones esgrimidas por la administración Ríos para sostener tal decisión resultan, si bien atendibles, mayormente opinables, tan opinables como las señaladas por la Asociación bancaria para impulsar esa modificación. En el informe del Ministerio de Economía que acompaña al decreto 2421/15 se refiere que “en varias oportunidades las distintas cámaras de la Provincia (Comercio, Turismo, Industria y Producción, Hotelera, Gastronómica, Asociación de Hoteles de Turismo, etc) han planteado su rechazo a cualquier modificación del horario de atención al público al sector bancario, exponiendo sus razones, las que esta cartera acompaña”.
Se sostiene que “la iniciativa no aporta mejoras ni beneficios en calidad de atención al cliente y público en general”  y “(...) no garantiza menores tiempo de espera”, con lo que no se “podría evitar que los jubilados concurran a las 6:00 am a hacer cola a a intemperie esperando la apertura de atención al público”.
Sostiene además “que el ritmo provincial y turístico, dadas la rigurosidades del clima se inicia a las 10 horas y se prolonga más allá del mediodía...”. 
Tal vez el argumento más atendible para oponerse a que los bancos atiendan al público de 8 a 13, en lugar de 10 a 15, es el que indica que “mayoritariamente, los tributos, tasas, etc, tanto provinciales como nacionales deben ser abonados personalmente en banco; asimismo las reparticiones públicas atienden hasta las 14 ó 15, por lo que adelantar el horario de cierre implica que quien deba efectuar un pago resultante de una tramitación ante una dependencia, deberá concretarla al día siguiente”.    

Mejorar la redacción

De alguna manera lo que propone el Ministerio de Salud al solicitar a la gobernadora Fabiana Ríos que vete parcialmente el proyecto que modificó la ley de creación del Colegio de Enfermeros, es que la Legislatura mejore la redacción de esa norma para evitar confusiones al momento de su aplicación y agilizar el trámite para la obtención de la matrícula profesional.

Etiquetas