Segunda semana

Juicio a camioneros y docentes: Hoy definen a quiénes le otorgan la probation

08/11/2015
L
a decisión de la jueza de Ejecución de Condenas de Ushuaia, Felicitas Maiztegui Marcó, sobre si hará lugar o no a 21 pedidos de “probation” (o suspensión del juicio a prueba) domina el interés de la segunda semana del juicio oral y público a 34 gremialistas docentes y camioneros acusados de participar del ataque y toma de la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego, cometido en mayo de 2013 durante un conflicto sindical.
El proceso judicial empezó el miércoles 4 sin que Maiztegui Marcó se expidiera aún sobre la situación de la veintena de imputados que podrían quedar excluidos de la audiencia si se acepta la solicitud de los abogados defensores.
La jueza declaró que resolverá sobre “todos los pedidos de probation en una sola sentencia”, y anunció que esa medida se conocerá hoy.
Mientras tanto, el juicio dio inicio sobre la totalidad de los acusados, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia rechazó planteos de nulidad presentados por la defensa, entre ellos que las audiencias comiencen sin que esté definido el posible beneficio al que aspiran más de la mitad de los procesados.
El fiscal Mayor de Ushuaia Guillermo Massimi resumió en la primera jornada la acusación contra los gremialistas, basada en los incidentes del 23 de mayo de 2013, cuando una manifestación del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) que reclamaba por aumentos salariales, con el apoyo del gremio de camioneros, irrumpió en la Casa de Gobierno fueguina tras enfrentarse con la policía que custodiaba el lugar, y luego tomó el control de las instalaciones completas durante una semana.
La refriega culminó con 19 policías heridos, entre ellos varias mujeres y dos efectivos, Leandro Pérez Soriano y Jonathan Dutrá, que sufrieron secuelas físicas permanentes y son querellantes en el juicio.
Los sindicalistas están imputados de múltiples delitos, como atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves y graves, y daños agravados con bienes del Estado.
Las principales pruebas son las horas de filmaciones de medios periodísticos, pero también realizadas por las propias fuerzas de seguridad, que permitió la identificación de los agresores.

¿Declara Arce?

El secretario general del SUTEF, Raúl Arce, debería prestar hoy a las 10 la última de las declaraciones indagatorias del juicio, ya que de los 34 imputados, 33 ya se sentaron en el banquillo y solo 3 aceptaron hablar mientras que el resto se negó a hacerlo, utilizando el derecho que les asiste.
Sin embargo, Arce es una de las autoridades sindicales que pidió la probation, para que en su caso el juicio se suspendiera a cambio del cumplimiento de una serie de reglas de conducta, como la fijación de un domicilio, la autorización para salir de la provincia o la concurrencia periódica al Patronato de Presos y Liberados, además del posible establecimiento de tareas comunitarias relacionadas con la naturaleza de los hechos sujetos a investigación.
Si la Justicia de Ejecución comunica al tribunal la aceptación del beneficio, los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Guillermo González y Maximiliano García Arpón podrían excluir de la audiencia al secretario docente antes, incluso, de que preste declaración.
En cambio, la jueza Maiztegui Marcó ya rechazó cuatro probation. En dos de los casos (Ricardo Javier Silva y Alejandro Daniel Gómez) porque no ratificaron la solicitud presentada por sus abogados. Silva no se presentó en el juzgado y se cree que no está en la provincia, y Gómez porque se desinteresó del beneficio y pretende ser juzgado. En los otros dos casos el rechazo fue motivado porque tanto Néstor Fabián Tavi como Sebastián Giménez (ambos camioneros) poseen antecedentes penales anteriores.
Por su parte el secretario general del SUTEF, Horacio Catena, declaró el viernes y en lugar de defenderse de los cargos que le imputan, se proclamó inocente tras improvisar un discurso de tono sindical que pronunció de pie y que incluyó críticas a la actual Administración de la gobernadora Fabiana Ríos.
Catena está acusado, entre otros hechos, de haber agredido a la mujer policía Irene Marin Levin, de mucha menor contextura física que él, ya en el interior del edificio gubernamental.
El juicio se realiza en una sala de audiencias custodiada por 300 policías y en medio de manifestaciones callejeras de representantes de una mesa sindical que se opone al juzgamiento de los líderes gremiales.
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