Ausencia por razones de salud

Tras el decreto de la polémica, Ríos volvió al cargo

08/11/2015
S
uperado el inconveniente de salud que le impidió ejercer sus funciones desde el miércoles y hasta el viernes, Fabiana Ríos volvió a hacerse cargo del Poder Ejecutivo el pasado sábado 7 de noviembre, tal fuera informado en una escueta gacetilla oficial difundida por la Subsecretaría de Comunicación Pública.
En la jornada previa, también mediante gacetilla oficial, el jefe de Gabinete aseguraba que “desde el Gobierno siempre tuvimos la certeza que el pedido de licencia temporal, por bronquitis aguda de la Gobernadora, era correcto y que debía hacerse cargo del Ejecutivo el Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia del Poder Legislativo, Juan “Pipo” Rodríguez”, entendiendo que “lo informado formalmente se enmarcó correctamente en la Ley 312 de Acefalía y el artículo 129 de la Constitución Provincial”.
A ello agregaba que si bien la situación “generó algún tipo de dudas por parte de algunos legisladores, la resolución de cámara del legislador Rodríguez con fecha 5 de noviembre, dejando a Damián Löffler a cargo de la Presidencia del Poder Legislativo, da certeza y nos da la razón en cuanto a que mientras la Gobernadora tenga licencia por enfermedad, por este impedimento temporario, será el propio Juan “Pipo” Rodríguez quien esté a cargo del Poder Ejecutivo”. 
Sergio Araque indicó que entre jueves y viernes mantuvo “permanente contacto con el legislador Rodríguez. Conversamos en varias oportunidades sobre temas de gestión y estamos trabajando juntos en los temas que tienen que ver con el ejecutivo provincial”. 
El funcionario también dijo que “en distintos medios noté muy alterados a algunos parlamentarios. Enojados con las circunstancias y arriesgando especulaciones casi ofensivas. Fuera de sí, al extremo de no permitirse aceptar que alguien pueda tener una eventual licencia por enfermedad. Desconozco qué los enojó tanto, pues tenían quorum suficiente para continuar la sesión. En lugar de eso decidieron levantarse y poner su enojo y frustración en otro lado”.  
Por su parte, el legislador Radical Pablo Blanco señaló durante el fin de semana a través de las redes sociales, sentirse “preocupado y amargado por actitudes de personas que creen que el funcionamiento de las Instituciones va de la mano de los caprichos y deseos personales. Con asombro leo declaraciones del Jefe de Gabinete del Gobierno provincial en la que manifiesta no entender el enojo de algunos legisladores ante la enfermedad de la señora Gobernadora, y que teníamos quórum para sesionar entonces no entiende el enojo. En primer lugar cuando la Constitución Provincial y la ley de acéfala se refiere a enfermedad se entiende que la enfermedad le impida ejercer sus funciones. Una faringitis aguda no la inhabilita a pensar o a firmar a una persona que es ni más ni menos la máxima autoridad de la Provincia. Y más cuando esa enfermedad dura 48 horas. Queda demostrado que fue una burda maniobra para retirar de la legislatura a un legislador que podría votar en contra de los deseos del gobierno actual y el entrante. Mis expresiones en la cámara y en la prensa no son originadas por la posibilidad de falta de quórum sino que se debe a que se juegue con la Institución Legislativa violando la legalidad .En segundo lugar cuando uno asume una responsabilidad la debe cumplir, seguramente en la intimidad de su conciencia Fabiana Ríos sabe que tengo razón”.  

“Respetar y haciendo respetar en cuanto de vos de dependa…”

Los sucedido a partir del jueves pasado a partir de la ausencia temporal de la Gobernadora en el ejercicio de sus funciones y la subrogancia legal del cargo ha dejado en evidencia, una vez más, el escaso apego al respecto institucional que existe en nuestra provincia, con el agravante de que las explicaciones brindadas por quienes detentan, por voluntad popular, las máximas responsabilidades de manejo del estado, en lugar de aclarar la situación vivida generan más incertidumbre.
La Constitución fueguina establece en el inciso 5 del artículo 105 que, entre otras, es atribución de la Legislatura “admitir o rechazar la renuncia del Gobernador y Vicegobernador, y resolver sobre sus licencias y autorizaciones para salir de la provincia en los casos previstos en el artículo 131”, que es el que prohíbe que gobernador y vice se ausenten de la provincia por más de 10 días sin autorización del Parlamento.
Como bien reconoce el jefe de Gabinete, la Gobernadora estuvo de licencia por enfermedad, a pesar de que nunca la solicitó formalmente al Parlamento ya que en el decreto 2496, Ríos comunica que a partir del 4 de noviembre que se ausentará de sus funciones por estrictas razones de salud y que por tal razón deja en ejercicio del Poder Ejecutivo al Vicepresidente 1° de la legislatura. Es decir, la gobernadora antes de ausentarse de sus funciones no espera a que la legislatura resuelva sobre su licencia, ya que en realidad nunca solicitó una licencia sino que comunicó una decisión ya tomada por ella.
Más allá de la redacción del mencionado decreto, la Legislatura debería haber resuelto sobre el  tema concediendo o no la licencia. Es decir, convalidando por el voto mayoritario de sus integrantes si autorizada o no a Ríos a ausentarse “de sus funciones”. En lugar de ello, por mayoría se pasó la sesión aun cuarto intermedio sin resolver la cuestión, incumpliendo de esta manera con sus atribuciones constitucionales.
Además, y tal se conoce ahora, el vicepresidente 1° del cuerpo, Juan Rodríguez, firmó durante el transcurso de esa sesión una resolución en la que deja a cargo de la presidenta de la Legislatura al mopofista Löffler porque él debía hacerse cargo del Ejecutivo. El propio Rodríguez afirmó a EDFM, durante la tarde del jueves pasado, tener dudas sobre si debía o no subrogar a la Gobernadora, cuando en la práctica estaba en ejercicio del cargo. De esta manera, y sin poner el tema a consideración del cuerpo, resolvió por sí validar la ausencia de la titular del Ejecutivo.
Más allá de las razones de salud esgrimida por Ríos para disponer, sin más trámite, tomarse una licencia, y de las dudas que algunos parlamentarios manifestaron tener sobre la real motivación que tuvo Ríos para, cuanto menos, por 48 horas no cumplir con las funciones constitucionales que corresponden al cargo que detenta por el voto popular hasta el próximo 17 de diciembre, parece resultar evidente que para las autoridades en funciones, la Constitución es una ley que, al igual que en el caso de muchas otras de menor jerarquía, pueden o no cumplir a su antojo, a pesar de haber jurado respetarla y hacerla respetar.
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