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a jueza subrogante de Ejecución de Condenas de Ushuaia, Felicitas Maiztegui Marcó, rechazó ayer las solicitudes de probation (o suspensión del juicio a prueba) realizadas por las defensas de 21 de los 34 gremialistas docentes y camioneros que están siendo juzgados por el ataque y la toma de la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego ocurrida en mayo de 2013, durante un conflicto salarial.
De este modo, la totalidad de los imputados seguirá sometido al proceso oral que comenzó el miércoles 4 y donde los sindicalistas están acusados de lesionar en forma leve y grave a 19 policías, además de producir daños en el interior del edificio gubernamental fueguino.
La aceptación de las probation les hubiese permitido a más de la mitad de los dirigentes gremiales cumplir con reglas de conducta y tareas comunitarias a cambio de no ser condenados, pero la jueza Maiztegui Marcó entendió que la “naturaleza de los hechos investigados” y el “grado de violencia” con que se desenvolvieron los gremialistas no justificaban la concesión del beneficio.
“La Fiscalía había solicitado que en 11 casos se concediera la suspensión del juicio y en 10 no. Sin embargo, yo tuve en cuenta el contexto completo de los acontecimientos y el nivel de lesiones sufridas por el personal policial. Incluso hubo mujeres golpeadas”, explicó la magistrada en diálogo con EDFM.
La jueza también declaró que “el caso tiene una impronta social importante”, porque “se violentó la seguridad de una institución y entiendo que los damnificados tienen derecho a que las responsabilidades se develen en juicio”, agregó.
La causa analiza lo ocurrido a partir del 23 de mayo de 2013, cuando una manifestación del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) que reclamaba por aumentos salariales, con el apoyo del gremio de camioneros, irrumpió en la Casa de Gobierno tras enfrentarse con la policía que custodiaba el lugar, y luego tomó el control de las instalaciones completas durante una semana.
La refriega culminó con 19 policías heridos, entre ellos varias mujeres y dos efectivos, Leandro Pérez Soriano y Jonathan Dutrá, que sufrieron secuelas físicas permanentes y son querellantes en el juicio.
Los sindicalistas están imputados de múltiples delitos, como atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves y graves, y daños agravados con bienes del Estado.
Las principales pruebas son las horas de filmaciones de medios periodísticos, pero también realizadas por las propias fuerzas de seguridad, que permitió la identificación de los agresores.
No a las probation”
La jueza Maiztegui Marcó argumentó el rechazo a los 21 pedidos de probation en que el grupo de imputados tuvo una “indiscutible intencionalidad en conjunto”, ya que “se quiso irrumpir bajo cualquier modalidad -violencia, daños etc.- en la Casa de Gobierno e incluso se la ocupó por la fuerza, justificando de tal modo, los medios empleados para obtener la finalidad con sus acciones”.
“No puede convalidarse que el fin justifica los medios”, opinó la jueza, porque se le daría a la sociedad el mensaje de que las personas pueden hacer valer sus derechos “por mano propia, por el salvajismo, como si no hubiera reglas de convivencia a respetar (…) Pensar en sentido contrario, es convalidar y anestesiarnos frente a la violencia y la forma de peticionar ante las autoridades, evadiendo los carriles legales y dándose una anarquía cuyo slogan sería que el que tiene mayor fuerza es el que gana a escondidas de la ley”, observó.
La magistrada también valoró que todos los solicitantes de probation están acusados de ejercer “violencia física hacia el personal policial”.
Además, negó que exista un proceso de “criminalización de la protesta”, como señalan los gremios, porque en los hechos bajo análisis “se lesionaron personas y bienes del Estado” y porque “el que fue atacado violentamente fue el propio Estado, en sus bienes y en sus representantes (los policías) quienes no reprimieron la manifestación y estaban despojados de elementos de persuasión y defensa, es decir que fueron ellos los reprimidos”, concluyó.
La jueza se preguntó qué ocurriría si los jubilados que nos cobran sus haberes en tiempo y forma decidieran “incendiar, romper, violentar u ocupar el IPAUSS, lesionar a los directivos o lastimar a los policías que están apostados en el banco que no les paga. ¿Es esa actitud aceptable en una sociedad democrática? La respuesta es negativa”, reflexionó.
Maiztegui Marcó rechazó los pedidos de suspensión de juicio a prueba formulados por Juan Beltrán Ferreyra, Marcelo Adrián Luque, Marcelo Humberto Bonadies, Juan Manuel González, Christopher Flores, Cristino Silva, Rodrigo Roa, Carlos Díaz, Daniel Capdevila, Juan Mallón, Francisco Coria, Gabriel Maciel, Raúl Arce, Ramón Giménez, Carlos Juárez, David Zeballes, Carlos Villarreal, Leonardo Ríos, Gastón Benítez, Horacio Solís y José Martínez.
Declaró Arce y hoy lo haría Ríos
Solo 4 de los 34 acusados aceptaron prestar declaración en la etapa de indagatorias que concluyó ayer con los dichos del ex secretario general del SUTEF, Raúl Arce, ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia: Alejandro Pagano Zavalía, Guillermo González y Maximiliano García Arpón.
Arce primero se negó a declarar, después dijo que vería el video utilizado como evidencia en su contra, y finalmente solicitó hacer una “reflexión”.
El Tribunal ordenó que se leyera la declaración que había prestado durante la instrucción del caso, aunque después escuchó al líder sindical hacer un relato de las circunstancias que rodearon el conflicto salarial de 2013.
“Estoy orgulloso de ser docente y de haber sido el secretario general del sindicato durante tres períodos. Soy el mayor responsable político de lo que ocurrió. Ejercimos el derecho legítimo a la protesta y luchamos por la dignidad de nuestros salarios”, expresó Arce durante su alocución, en la que también criticó al juez de instrucción Javier De Gamas Soler por su vinculación con “la causa de la AMIA”.
La ronda de 60 testimonios previstos para el juicio también comenzó en la víspera con las declaraciones de los policías Soriano y Dutrá, también querellantes del caso, mientras que para hoy a las 10 está prevista la declaración testimonial de la gobernadora Fabiana Ríos.
Las audiencias se siguen realizando en una sala custodiada por unos 300 policías y en medio de manifestaciones callejeras de representantes de la mesa sindical.