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a gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, declaró ayer como testigo en el juicio oral y público contra 34 gremialistas docentes y camioneros acusados del ataque y posterior toma de la Casa de Gobierno de la provincia en mayo de 2013, durante un conflicto salarial.
Ríos habló por espacio de 30 minutos ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, tras ser convocada por la defensa de los sindicalistas que la considera responsable de los incidentes donde sin embargo resultaron heridos 19 policías (dos de ellos de gravedad) que custodiaban el edificio gubernamental.
La mandataria fueguina explicó que esperaban la manifestación que llegó a la sede del gobierno el 23 de mayo de 2013, aunque no que pretendieran ingresar por la fuerza al edificio y luego tomarlo por completo, rompiendo instalaciones y mobiliario.
“Cuando vi que empezaban a entrar por la parte posterior, y había ya policías en el piso, igual dije que no tocaran a nadie. En mi gobierno no se toca a nadie”, afirmó Ríos al describir, incluso, el contenido de un video filmado desde la oficina de su secretaria privada, donde se la escucha hacer esa recomendación.
Después detalló que ese día ordenó a todos sus funcionarios que se retiraran de la Casa de Gobierno a las cuatro de la tarde, y que ella se retiró a las cinco de la mañana del día siguiente, cuando los manifestantes ya controlaban la totalidad de las instalaciones.
También contó que tras la negociación que concluyó con el conflicto salarial, una semana después, retornó a la sede gubernamental y se encontró con “ventanas, paneles de vidrio y puertas destruidas, además de muebles que tuvieron que ser reparados para que los empleados pudieran volver a trabajar”.
La defensa de los 17 sindicalistas docentes procesados, entre ellos los secretarios Horacio Catena y Raúl Arce, centró sus preguntas en el contexto de la negociación salarial, y buscó demostrar la existencia de provocaciones, como el ofrecimiento inicial de un aumento de sueldos del 8% o la negativa de la funcionaria a recibir a los dirigentes gremiales en los instantes previos a los enfrentamientos.
“Fueron momentos de mucha angustia y tristeza porque se había cruzado un límite del que era difícil volver”, reflexionó Ríos en el juicio, y admitió que “es probable” que “no haya manejado bien” las tratativas con los sindicatos.
No obstante, la gobernadora justificó su decisión de no haber prestado acuerdo al mecanismo de mediación que podría haber evitado la realización del juicio penal, al sostener que la existencia de personas lesionadas hacía “imposible” esa solución.
“En una situación donde yo no puse ni el palo ni la cabeza, a mí se me hace muy difícil mediar”, graficó Fabiana Ríos.
La audiencia continuó con la declaración de otros funcionarios provinciales, como el ex secretario de coordinación de gabinete, Daniel Ravaglia, y el ex ministro de Gobierno, Gustavo Zanone, también denunciante del caso ante la Justicia.
El juicio ingresará hoy en su sexta jornada con más declaraciones testimoniales y fuentes judiciales estiman que no habrá un veredicto al menos hasta los primeros días de diciembre.
En tanto, una mesa sindical que nuclea a gremios estatales y privados, acompaña con manifestaciones callejeras cada jornada del proceso que se lleva a cabo en medio de un operativo de seguridad que incluye a 300 efectivos policiales.
Duro cruce por las probation
La decisión de la jueza Ejecución de Condenas Felicitas Maiztegui Marcó de rechazar los pedidos de probation (o suspensión del juicio a prueba) solicitados por 21 de los 34 gremialistas imputados en el juicio por la toma de la casa de gobierno, generó ayer una repercusión inesperada dentro de la propia Justicia.
Es que si bien el abogado del SUTEF, Néstor Sánchez Otharán, anunció que apelará el pronunciamiento por no concordar con sus fundamentos, el jefe de defensores públicos Gustavo Ariznabarreta (que asiste a los camioneros) dio un paso más al criticar con dureza el fallo de la magistrada.
“Decir que era poco probable es un eufemismo. Para mí era impensable que esto ocurriera”, aseveró el defensor en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia.
También dijo que la jueza aplicó un “criterio muy personal y altamente subjetivo” al “excederse en su competencia” y abrir juicios de valor sobre los alcances de la protesta social, y cuestionó que se haya englobado la situación de todos los gremialistas pese a sus diversos grados de participación en los hechos.
“Hay quienes están con un pico y una pala para hacer más profunda una zanja, y otros que queremos hacerla menos profunda o taparla por completo. Es un peligro en el contexto de una sociedad inmersa en un marco de violencia como la nuestra”, afirmó Arznabarreta tras calificar a la sentencia de Maiztegui Marcó como “rayana en el autoritarismo”.
La jueza “tiene un criterio distinto casi ante todo, y debe ser con las que más cuestiones tengo. Se han concedido probation en homicidios, donde el resultado es la muerte. Si lo comparamos con el conflicto social y el derecho a circular o no circular, o los daños a Casa de Gobierno, me parece que la ponderación de valores se expresa por sí misma”, sostuvo.
El jefe de defensores deslizó que podría dejar de asistir a los camioneros, e incluso no se presentó a la audiencia de ayer por sufrir una “indisposición”. Su reemplazante podría ser el abogado de Río Grande Francisco Giménez.