uncionarios del gobierno de Tierra del Fuego presentaron ayer una denuncia penal contra los manifestantes estatales que impiden el ingreso de autoridades y de empleados al edificio gubernamental, desde hace 23 días, en el marco del conflicto por la reforma del sistema previsional en el distrito.
La denuncia que ya había sido realizada ante la Comisaría Primera de la ciudad de Ushuaia, fue ratificada por el secretario general de la gobernación, Javier Eposto, confirmaron fuentes judiciales.
Eposto se presentó ante el fiscal de turno, Nicolás Arias, y expuso que los representantes gremiales efectúan “distintos actos de intimidación” para impedir la entrada de funcionarios y trabajadores a la sede del gobierno fueguino.
El edificio se encuentra rodeado por miembros del sindicato educativo (Sutef), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y municipales (Soem) entre otros, que exigen la derogación de un paquete de leyes sancionado entre el 7 y 8 de enero.
La gestión de la gobernadora Rosana Bertone declaró la semana pasada la “emergencia administrativa” del Estado, para poder firmar decretos, transferir fondos y adoptar otras medidas urgentes, mientras no puede entrar a la casa de gobierno.
El secretario Eposto ratificó ante la Justicia que “muchos empleados son víctimas de coacción” y dijo poseer pruebas fílmicas de esos actos que “se repiten a diario”.
El funcionario acudió al edificio de tribunales en compañía de varios de sus pares de gabinete, y mientras realizaban la denuncia fueron sorprendidos por un grupo de los manifestantes que acudió también a la Justicia para rechazar la denuncia del gobierno.
“Es increíble, pero además de no poder ingresar a la casa de gobierno, también nos impiden denunciarlo”, graficó el secretario de Información Pública, Gonzalo Zamora, en declaraciones a una radio local.
Fuentes judiciales señalaron que el fiscal Arias analizará la “presunta comisión de delitos o contravenciones”, antes de emitir un requerimiento que motorizaría una causa penal.
Por su parte el gobierno fueguino prometió que en los próximos días ampliará la denuncia pero “de manera escrita y agregando otros episodios similares que se producen en decenas de oficinas públicas”.
De hecho los gremios estatales realizaron ayer otra jornada de paro por tiempo indeterminado y llamaron a impedir el ingreso de cualquier trabajador a su puesto laboral.
“Debemos garantizar que el paro sea total”, afirmaron los sindicatos en un comunicado distribuido entre sus afiliados y seguidores.
La medida afectó el funcionamiento de reparticiones gubernamentales y del municipio de Ushuaia, además de impedir la normal atención en hospitales y el dictado de clases en las escuelas, que en algunos casos amanecieron con las cerraduras de las puertas de acceso rellenas de pegamento para obstaculizar la entrada del personal y de los alumnos.
El paro también volvió a afectar las actividades del Banco de Tierra del Fuego, y motivó que la Cámara de Comercio reclamara “una rápida salida del conflicto estatal” para que las medidas “no sigan afectando la atención al público y a la actividad comercial” en particular.
“Terminar con los ilícitos”
La gobernadora Bertone insistió ayer en entablar una mesa de dialogo con los gremios pero “en un ámbito de respeto”.
“Hay que terminar con los actos ilícitos y la toma de la casa de gobierno es un acto ilícito”, sostuvo la mandataria en declaraciones a FM Master´s, de la capital fueguina.
La titular del Poder Ejecutivo dijo que su gestión pondrá en marcha un plan para recuperar las clases perdidas cuando se supere el conflicto, y recordó que la provincia “tiene los mejores salarios docentes del país y estamos dispuestos a discutir en paritarias un aumento de sueldos”.
Sin embargo, las medidas de fuerza no son ahora por el nivel salarial, aunque esa discusión está latente, sino por el paquete de leyes que modificó las condiciones jubilatorias y declaró la emergencia previsional.
“Tenemos que cambiar la realidad y sabemos que ese no es el camino más fácil. Entendemos los reclamos pero trescientas personas que generan caos no representan lo que piensa y quiere toda una sociedad”, expresó Bertone.
