l juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, sigue sin resolver la situación procesal de los gremialistas estatales indagados hace seis meses (en algunos casos) por el corte de la Ruta Nacional Nº3 que protagonizaron durante 11 días consecutivos en marzo del año pasado, en el marco del conflicto con el gobierno de la provincia por la reforma del sistema previsional.
Si bien la ronda de indagatorias finalizó a fines de 2016, el magistrado ya excedió los plazos legales para decidir si existen elementos de prueba como para procesar, sobreseer o dictar la falta de mérito de los acusados, señalaron a este medio fuentes judiciales.
Uno de los últimos imputados en declarar en la causa fue el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba, quien lo hizo en agosto del año pasado acompañado de dirigentes gremiales de Río Grande que acudieron en su apoyo.
Sin embargo, antes de Córdoba, el juez indagó por el mismo hecho al secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) Horacio Catena, principal referente de la llamada “unión de gremios”, a la secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Ushuaia (SOEM) Sandra Esperón y al secretario gremial del mismo sindicato, Horacio Gallegos.
También a la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) y vocera de la unión de gremios, Elisa Dietrich, al secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (Sejup) Marcelo Cubas, a la dirigente del Sutef Florencia Villarreal y a la representante de los jubilados autoconvocados, Patricia Blanco.
Tras hacer uso del derecho a negarse a declarar ante el magistrado, Córdoba había pedido “disculpas a la población” por el corte de la ruta, aunque también justificó que fue “la forma que encontramos para intentar solucionar el conflicto con el gobierno, por la reforma previsional”.
Hasta el momento, la Justicia Federal logró identificar a los imputados a través de filmaciones y fotos tomadas por agentes de seguridad.
A todos se los acusó del presunto delito reprimido en el artículo 194 del Código Penal, con penas de hasta dos años de prisión.
Esa figura involucra a quienes “impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
El corte de ruta se produjo el 15 de marzo de 2016 con interrupciones parciales, y se mantuvo ya con bloqueos totales desde el 17 y hasta el 27 de marzo, en que finalmente los manifestantes decidieron abandonar el lugar y concentrar el conflicto en acampes frente a la casa de gobierno de la provincia.
El corte realizado en el puesto policial de ingreso a Ushuaia afectó servicios como el ingreso y egreso de camiones con mercaderías, la distribución de gas envasado, y el movimiento de micros y combis de turismo durante los feriados de Semana Santa, entre otras actividades.
Fuentes judiciales contaron a este medio que además de las pruebas sobre la intervención de los indagados en el episodio, fueron recolectados decenas de testimonios de personas damnificadas por la interrupción del tráfico vehicular. Entre ellas dueños de empresas de turismo o de distribución de tubos y garrafas, particulares que perdieron vuelos o no pudieron salir de vacaciones, y gente que debía realizarse estudios médicos fuera de la ciudad.
El corte que dejó aislada a la ciudad por vía terrestre pegó fuerte en la actividad turística porque incluyó los feriados del último fin de semana largo que aporta visitantes de forma masiva a la ciudad, antes de la temporada de invierno. De hecho contingentes que tenían previsto visitar –también- la ciudad de El Calafate quedaron varados en Ushuaia, sin poder salir.
Los sindicatos cuyos dirigentes están ahora investigados reclamaban la derogación de un paquete de leyes sancionado en enero de 2016 que, entre otros aspectos, modificó algunas condiciones de acceso a la jubilación, como la posibilidad de jubilarse a los 40 o 45 años de edad, pero que también declaró la emergencia del sistema jubilatorio y estableció aportes obligatorios a un fondo para la sustentabilidad del régimen.
