n consonancia con el artículo 87 de la Constitución Provincial, que establece que "dentro de las áreas marítimas de jurisdicción provincial y de los cursos o espejos de agua, el Estado Provincial preserva, regula y promueve sus recursos hidrobiológicos y la investigación científica. Fomenta la actividad pesquera, la industrialización y comercialización del producido en su territorio, como asimismo la maricultura y la acuicultura. Los cardúmenes de especies marinas migratorias son propiedad de la Provincia y estarán sujetos a un régimen de protección especial" y los objetivos que persigue la ley nacional de desarrollo sustentable de la acuicultura, el Ejecutivo fueguino pretende que la provincia adhiera a esa norma que fuera sancionada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2015.
La Ley Nacional, según se indica en el proyecto presentado ante el Parlamento, “desarrolla un marco legal específico para la actividad, para la regulación de los diferentes aspectos de la acuicultura, tales como la promoción, el fomento, la investigación y desarrollo, escalas de producción, concesiones, procedimientos, el cuidado y protección del ambiente y demás temas que favorezcan un crecimiento armónico y sustentable, siendo prioritario su integración con las demás actividades y programas productivos en marcha en el país, actuando como actividades sinérgicas y no como limitantes o degradantes unas de otras”, a la vez que “ posibilitará ofrecer una mayor seguridad a las inversiones del sector privado, como también garantizar derechos de usufructo a pequeños productores y poblaciones nativas” para generar “mayores fuentes laborales en áreas pocos explotadas hasta el presente, en beneficio de la comunidad toda de la Provincia”.
Habida cuenta que la mencionada ley establece que las provincias que adhieran “deberán establecer por un tiempo determinado beneficios fiscales a nivel provincial, que complementen el marco de promoción establecido a nivel nacional”, la iniciativa del Ejecutivo fueguino propone establecer “una exención parcial y transitoria en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por las actividades lucrativas vinculadas a la producción y comercialización de recursos o producción acuícolas y del Impuesto de Sellos respecto de los actos, contratos y operaciones celebrados en la Provincia de Tierra del Fuego, siempre que el objeto principal de los mismos esté vinculado al proyecto de inversión”.
Respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos contempla “una exención del 70% del monto que corresponda abonar al contribuyente durante el primer y segundo año” de la puesta en marcha del proyecto. Ese beneficio se reducirá al 50% durante el 3 y 4 año, y al por ciento 30% para el 5 año.
En materia de Impuestos de Sellos plantea que “para los actos, contratos y operaciones onerosas la alícuota será del 4%00” para los dos primeros años; del 6%00 para el tercer y cuarto año y del 8%00 para el quinto año.
En tanto que para “los contratos de fideicomiso la alícuota para el primer y segundo año será del 6%oo, del 9%00 para el tercer y cuarto año, y del 12%00 para que el quinto año”.
