l concejal de Ushuaia, Juan Carlos Pino (FPV), acompañó la aprobación en general del nuevo marco regulatorio para la prestación del servicio de taxis, que reemplazará a la ordenanza N° 2986 y sus modificatorias, aunque en particular se opuso en los artículos referidos a la relación laboral entre choferes y propietarios; y también votó en contra de la transferencia de licencias.
Este martes, durante la 6ª sesión ordinaria del año, Pino solicitó el tratamiento en general y particular, y se opuso a la mayoría de sus pares en lo referido a la forma de contratación de los choferes de taxis. De acuerdo al asunto, el conductor de taxi deberá ser empleado por el licenciatario conforme a la normativa laboral vigente o ser asociado de cooperativa de trabajo regularmente constituida de acuerdo la legislación en vigencia, debiendo ser en todos los casos habilitado por el Ejecutivo Municipal; lo que da lugar a las formas de contratación bajo monotributo, blanqueo o cooperativas.
“El Concejo Deliberante no puede determinar la forma de contratación de los choferes, para eso están las leyes nacionales y para eso existe el Ministerio de Trabajo y la Justicia”, evaluó Pino, ratificando la postura que había expuesto anteriormente en cada oportunidad en que se discutió ese punto; el más polémico para los trabajadores. “Cuando se legisla, se legisla en general”, advirtió el concejal FPV, y en ese punto se preguntó: “¿Por qué nosotros tenemos que legislar sobre la forma de contratación que tiene que tener el propietario de taxi?”, cuestionó.
El concejal consideró que este artículo debía ser modificado “para que la relación laboral se ajuste exclusivamente la normativa laboral vigente y se evite especificar en formas contractuales ya sea mediante cooperativas de trabajo u otras formas en particular”, e insistió en que “el Concejo Deliberante únicamente tiene que legislar en forma genérica y no llegar a comprometer estos puntos”, sostuvo.
De acuerdo a la norma sancionada este martes, las licencias se otorgarán por un plazo de 10 años, pudiendo solicitar la renovación; y además podrán transferirse luego de los 10 años de explotación, entre personas que cumplan los requisitos para la habilitación por parte del Ejecutivo. Además, cuando por razones de edad avanzada, enfermedad o incapacidad debidamente acreditada el titular de la licencia se encuentre imposibilitado de usufructuarla, el Ejecutivo podrá autorizar la prestación del servicio de taxi a cargo de conductores auxiliares designados por el licenciatario, debidamente habilitados; o el cambio de titularidad de la licencia a favor del cónyuge o conviviente.
Durante el tratamiento del nuevo marco regulatorio del servicio de taxis, el concejal Juan Carlos Pino (FPV) también se opuso específicamente a los artículos referidos a la transferencia de las licencias. “No queremos ir más lejos de lo que establece la Carta Orgánica, que en su artículo 234 dice que debe someterse a referéndum popular el otorgamiento de concesiones de servicios públicos por un plazo superior a diez años”, explicó el edil, y consideró que “las licencias de taxis tienen que administrarlas el Estado municipal”, argumentó.
