ajo el argumento de “racionalizar el gasto de la administración pública provincial y a la vez fortalecer las sucursales” de ventas de pasajes que Aerolíneas Argentinas y Austral tienen en la Provincia, el Poder Ejecutivo dispuso la obligatoriedad de que “las jurisdicciones y entidades del sector público provincial” deban contratar directamente con esa empresa “los pasajes que requieran traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados y asesores, contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados sean solventados por el estado provincial”.
El decreto 2363 contempla la posibilidad de apartarse de la mencionada regulación “únicamente por decisión fundada” cuando Aerolíneas y Austral “no comercialicen vuelos directos o indirectos al área de influencia del lugar de destino requerido o que carezcan de disponibilidad para la fecha solicitada”. Únicamente en esos casos se podrá “contratar los servicios en Agencias de Viajes y Turismo u otras Líneas Aéreas”.
En la norma dictado el jueves 31 de agosto se establece que la Secretaría General de Gobierno será autoridad de aplicación de la disposición y que “las jurisdicciones y entidades del sector publico provincial deberán remitir a la misma un informe mensual, detallando la totalidad de los traslados efectuados durante el período, acompañando la documentación respaldatoria”. Además invita al Poder Legislativo, Poder Judicial y entes autárquicos y descentralizados a que adopte medidas similares en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
En el considerando del mencionado decreto se recuerda que la ley nacional 26.466 “tuvo como fin la estatización de la línea aérea de bandera; garantizando la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, como así también el mantenimiento de las fuentes laborales de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas” y que “en virtud de lo enunciado precedentemente resulta oportuno instrumentar los mecanismos para adoptar medidas tendientes a racionalizar el gasto de la administración pública provincial y a la vez fortalecer las sucursales de ventas de las mencionadas empresas, ubicadas en la jurisdicción de la provincia, implementando políticas de contrataciones interadministrativas que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y la economía en el cumplimiento de los objetivos de las jurisdicciones y entidades del sector público, y al mismo tiempo a la realización del interés general, cuya gestión incumbe al Estado”. Se agrega que “el uso de los servicios de estas compañías por parte del sector público provincial, para cubrir la necesidad de traslados de sus agentes, funcionarios públicos, empleados contratados bajo cualquier modalidad y transporte de terceros, financiados con fondos públicos; colabora con el objetivo mencionado precedentemente, obteniendo una contraprestación directa e inmediata”.
Es de tener en cuenta que esta decisión de la gestión Bertone se adopta cuando a nivel nacional se avanza en la desregulación del mercado aerocomercial, mediante el otorgamiento de rutas aéreas de cabotaje e internacionales a nuevas línea áreas, entre ellas las denominadas de bajo costo (Low Cost), interesadas en operar en el país.
