l ministro de Gobierno de la provincia, José Luis Álvarez, adelantó ayer que tras la aplicación de la exoneración al secretario general del sindicato docente y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Horacio Catena, se dictarán medidas similares respecto de los otros dirigentes gremiales que se encuentran en situación similar.
Álvarez explicó que por una cuestión de “tiempos procesales” los casos de los demás gremialistas se demoraron más en la instancia del juicio de exclusión de tutela sindical, pero que “en los próximos días” se dictarán otros decretos haciendo efectiva la exoneración contra los demás sindicalistas involucrados en la toma de la Casa de Gobierno de 2013.
El funcionario recordó que el decreto de exoneración de Catena (y del resto de los dirigentes) fue dictado en los últimos días de la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos, a fines de 2015.
La actual gestión gubernamental, lo que hizo en primera instancia fue “suspender los efectos” de la medida, hasta tanto se tramitara la exclusión de la tutela, que es una protección que tienen los miembros de los sindicatos para no ser despedidos en ocasión de la función que desempeñan.
Respecto de las exoneraciones, los gremialistas plantearon recursos administrativos y luego judicializaron la decisión a través de un juicio contencioso administrativo que todavía se tramita en la justicia.
Según afirmó Álvarez, “no es necesario” esperar a la finalización de ese juicio para hacer efectivo el acto equivalente a un despido de la administración pública, porque “existe lo que se llama principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos”.
“Imagínense que si cada vez que el Estado dicta un decreto, y porque se presentan recursos administrativos y se judicializa el tema, debe suspender los efectos de sus actos, entonces la administración no podría hacer nada”, razonó el ministro.
No obstante, los abogados del Sutef se mostraron ayer en desacuerdo con ese criterio, y observaron que el Gobierno debería haber aguardado que el concluya el proceso judicial donde se discute si la sanción fue o no razonable.
“Para nosotros es una sanción acorde a los hechos graves que se produjeron y convalidada por una condena penal de la propia Justicia”, insistió el titular de la Cartera de Gobierno.
La otra objeción planteada por el gremio es que la quita de la tutela sindical a Catena no se encuentra firme porque aún queda pendiente de resolución un recurso extraordinario Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ese sentido, Álvarez consideró que el tema de la tutela se encuentra firme desde que el Superior Tribunal de Justicia rechazó, primero un recurso de casación, y luego el recurso extraordinario Federal.
“Para acudir a la Corte Suprema, hace falta contar con un fallo definitivo de un tribunal provincial. Y aquí todavía queda abierta la instancia de la Justicia contencioso administrativa. Por otra parte, en el juicio de tutela se juzga si la sanción fue arbitraria, y no lo fue porque se trató del uso de una facultad disciplinaria basada en un hecho de suma gravedad y que ya había motivado condenas penales”, aseveró el funcionario.
Al ser exonerado, Catena “deja de ser un empleado público”, lo que implica que “no va más a su puesto de trabajo y no percibe una remuneración”, así como tampoco “podrá reinsertarse en otro puesto dentro del Estado”, detalló el ministro.
Desde esa perspectiva, Álvarez entendió que el dirigente ya no podría presentarse, por ejemplo, como negociador en una instancia paritaria, porque “la primera condición para ser afiliado a un gremio es ser empleado de la actividad. Y Catena ha dejado de serlo”, señaló.
Aun así, el Sutef también expresó ayer a través de sus letrados que su máximo dirigente podría seguir representándolos porque “así lo establece su estatuto” y porque “cuenta con el aval de los afiliados”.
Según declaró el abogado del sindicato, Antonio Aciar, Catena podría ser “reinstalado” si así lo determina el juez de la causa contencioso administrativa, e incluso podría ordenarse una devolución de los salarios no percibidos y una indemnización.
Aciar calificó el decreto de Bertone como “desprolijo” y recordó que “todo empleador tiene la necesidad de pasar por el filtro judicial cuando se despide un trabajador que es dirigente de algún sindicato”.
El letrado aclaró que “estatutariamente (Catena) no deja de ser secretario general (del gremio). Así está aprobado por la autoridad nacional, y su condición sigue vigente pese a la exoneración”, interpretó.
