Auditoría externa se hará cargo de la administración del IPES
Tras sumario al Rector y a la Vicerectora

Auditoría externa se hará cargo de la administración del IPES

El Gobierno dispuso iniciar sumarios administrativos a los directivos del IPES Ushuaia por presuntas irregularidades en la distribución de horas cátedras. El ministro Diego Romero aclaró anoche que ambos directivos continuarán con tareas pedagógicas, percibiendo sus haberes y trabajando dentro de la institución, hasta tanto se dilucide la situación. Recursos Humanos del Gobierno se hará cargo de la administración en dicho instituto de formación docente.
27/03/2018
U

na auditoría externa compuesta por un integrante de la Subsecretaría de Recursos Humanos, un agente de planta de la misma área y un integrante del Ministerio de Economía, serán los encargados de llevar adelante el funcionamiento administrativo del Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) en Ushuaia hasta tanto se concluyan el sumario administrativo que el Gobierno le inició al Rector y Vicerectora de dicha casa de estudios.
Así lo informó anoche a “el diario Del Fin Del Mundo” el ministro de Educación, Diego Romero, quien se ocupó de aclarar que “ambos directivos continuarán trabajando dentro de la institución” y que solamente “han sido separados en términos administrativos”. En ese sentido sostuvo que seguirán percibiendo sus sueldos como rector y vicerrector hasta tanto se concluya el sumario iniciado.
Por su parte el Gobierno provincial emitió ayer una gacetilla señalando que se “suspendió provisoriamente en sus funciones administrativas al Rector del IPES “Florentino Ameghino” Jorge Ariel Enciso y a la Vicerrectora Marcela Silvia Canales, hasta tanto concluya el sumario iniciado a raíz de las serias irregularidades en la asignación de cargos y horas cátedra, como también en las denominadas “horas institucionales” detectadas a partir de la instrumentación del Sistema SIGE. Asimismo, se informa que podrán continuar con sus tareas pedagógicas, ya que no han sido relevados de dichas funciones”, señala el comunicado oficial.
Asimismo manifestó que “el sistema SIGE fue implementado por el Ministerio de Educación con el objetivo de informatizar y dotar de mejores controles y mayor transparencia a las horas que paga la Provincia con recursos públicos. De esta manera, el sistema sólo permite cargar horas o cargos cuando exista un instrumento legal que avale dicho otorgamiento”.
También se hizo mención a que “en la actualidad, el IPES de Ushuaia capacita a 514 alumnos, contra 636 alumnos de Río Grande. Sin embargo, utiliza 223 legajos docentes para realizar la tarea, mientras que el IPES de Río Grande utiliza sólo 196 legajos. Mientras en Río Grande se requieren $4.6 millones en concepto de pago de salarios, en Ushuaia se destina el doble: $7.2 millones”.
La Resolución 677 del Ministerio de Educación dispone “instruir sumario administrativo con el objeto de precisar todas las circunstancias y reunir elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades y proponer sanciones si correspondieren (...)” con relación a “la presunta irregularidad referida a la continuidad de la designación de docentes en horas cátedra cuatrimestrales, habiendo finalizado el cuatrimestre correspondiente a su designación(..)”; “la presunta irregularidad vinculada a las denominadas ‘horas institucionales’ que se estarían asignando en forma directa sin acto administrativo que las avale (..)” y “al presunto incumplimiento de ajustar la carga horaria de diferentes docentes del IPES a las disposiciones de la Ley Provincial 761 (..)” entre otras causales.
En el marco de la instrucción del sumario, el Gobierno conformará un cuerpo de auditores a fin de realizar un relevamiento y elaborar un dictamen general administrativo-contable. Esto auditores serán agentes de la administración pública. A su vez, para permitir el trabajo del cuerpo de auditores, los directivos serán relevados de sus funciones administrativas, pero podrán continuar ejerciendo las tareas pedagógicas que venían realizando.
Es responsabilidad del Gobierno de la Provincia velar por la buena administración de una institución tan valorada como el IPES, tanto con el objetivo de evitar situaciones de administración irregular, como de daños y/o perjuicios edilicios que pudiera sufrir la institución.

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