l juez Federal de Ushuaia Federico Calvete resolverá “en poco tiempo” el pedido realizado por el fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) sobre la detención y declaración indagatoria de 26 militares involucrados en la causa que desde hace más de 10 años investiga presuntas torturas aplicadas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas a conscriptos de la propia tropa durante la guerra de Malvinas, en 1982.
Así lo reveló ayer el abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) Jerónimo Guerrero Iraola, tras una reunión que tuvieron el martes integrantes de esa organización con el juez Calvete en Ushuaia.
“Obviamente no nos adelantó cuál será el contenido de esa resolución, pero sí nos dijo que en lo inmediato se abocará a su tratamiento. Nos dijo que esto ocurrirá en el corto plazo”, aseveró el abogado.
La comitiva que se reunió con el magistrado, que subroga el Juzgado Federal de Río Grande donde se tramita el caso, aseguró que notó “un cambio de actitud” por parte de la Justicia y una vocación por tratar de avanzar en la investigación.
“Nos vamos con muchas expectativas. Fue una reunión muy promisoria. Por un lado se han puesto a disposición de la causa recursos humanos y técnicos, que era algo imprescindible. Y por otra parte se han tomado varias medidas de prueba”, afirmó el letrado de la institución que es querellante en el expediente.
Miembros del CECIM también se reunieron ayer, en Río Grande, con el fiscal Rapoport, para interiorizarse de las últimas novedades en la causa y también para respaldar su labor.
“Presentamos un escrito adhiriendo al pedido de detención e indagatoria de los militares porque queremos que este tema comience a resolverse y se haga justicia”, indicó Guerrero Iraola en dialogo con EDFM.
El representante del CECIM, dijo que la unidad Fiscal de Río Grande, junto a la Procuración General de la Nación, hizo lugar, después de once años, al criterio de considerar delitos de lesa humanidad, los actos de torturas sufridos por los soldados, como estacamientos y otras formas de castigo, ordenados por sus superiores jefes.
La solicitud suscripta por Rapoport el 11 de mayo pasado, se circunscribe a 22 hechos de vejámenes ocurridos en la isla Gran Malvina, “específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares”.
De acuerdo a la acusación del fiscal, las autoridades militares con asiento en las islas “habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida”.
La Fiscalía argumentó en el escrito sobre la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos.
“Se trata de crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”, afirma el petitorio.
“Están en Argentina”
La causa tramitada en Río Grande es la Nº 1777/07 caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, y surgió partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra.
La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes.
Información oficial fue aportada como prueba en 2015, a partir de informes militares que fueron desclasificados a través del decreto 503/2015 suscripto por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En octubre del año pasado, la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se presentó como parte querellante, dentro de una iniciativa conjunta con el CECIM que ya era querellante en el mismo expediente.
“La única responsabilidad de que este caso siga impune es de la Justicia, porque existe abundante prueba testimonial y documental a partir de la desclasificación de archivos de la dictadura producida en 2015, como para producir al menos las indagatorias”, afirmó por entonces Ernesto Alonso, otro integrante del CECIM.
Según Alonso, en la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados.
Guerrero Iraola sostuvo que los militares involucrados se encuentran dentro de la Argentina, por lo que no haría falta extraditarlos ni realizar exhortos internacionales para lograr que comparezcan ante la Justicia por los supuestos casos de torturas.
