l intendente de Río Grande, Gustavo Melella, es investigado judicialmente por pedir favores sexuales a hombres indigentes a cambio de trabajo, según reveló este fin de semana el sitio Infobae que envió tres periodistas a Tierra del Fuego.
El informe periodístico presentó el testimonio, a cara descubierta, de dos de las presuntas víctimas, Alfredo Suasnabar, un trabajador de la construcción de 55 años, y Damián Rivas, un carpintero de 48, aunque también mencionó la declaración brindada a la justicia por otro albañil, de nombre “Mario”, quien hace 20 días “se volvió a su provincia natal, Formosa, avergonzado por la situación” (contó el sitio web de Buenos Airees) y se incluyeron dichos de Hugo Moya, ex custodio de Melella, que corroboró algunos aspectos de las denuncias.
Suasnabar y Rivas dijeron haber conocido al intendente cuando visitó su barrio y le solicitaron empleo.
Los trabajadores sostienen que el funcionario les pidió sus teléfonos y que lo visitaran en el Municipio.
“Empezó a mandarme mensajes de WhatsApp y también me llamaba y me preguntaba si la tenía grande, en referencia al pene, porque él la quería sentir, y siempre me pedía si conocía a alguien para presentarle. Me decía que yo era un cagón y que nunca iba a hacer nada, y que no podía creer que no tenía ningún conocido para presentarle. Pero yo no iba a llevar a nadie conocido para eso", confesó Rivas ante el juez riograndense Raúl Sahade, a cargo de la investigación.
Por su parte Suasnabar, declaró: "Un día estaba mal, era el mes de enero, no había trabajo, no tenía un peso. Y cuando uno tiene familia, busca hacer cualquier cosa. Entonces me dijo que fuera a verlo en su departamento (…) Me fui para ahí pensando en que iba a tener trabajo. Subí, me atendió el señor, y me abrazó, me besó y empezó a hacerme cosas, me bajó los pantalones y se mandó el miembro en su boca. Yo lo que hice es apartarlo, le dije 'pará, qué es lo que pasa, yo vengo por el trabajo, no por esto'. Y él me decía "entregate, papito, entregate".
El caso comenzó a ventilarse el 28 de agosto pasado, cuando el abogado de Río Grande Francisco Giménez denunció ante el fiscal Guillermo Quadrini una posible defraudación alrededor de obras públicas contratadas por la municipalidad en el Centro Tecnológico y el Polideportivo del barrio Margen Sur.
Rivas, Suasnabar y “Mario” declararon a los pocos días como presuntos damnificados, ya que aseguran haber realizado trabajos que nunca cobraron, pero en ese contexto detallaron los supuestos acosos de Melella.
“Mario” dijo que el intendente le empezó a decir que si quería entrar en la Municipalidad era a cambio de que esté con él. “Me empezó a tocar y tuve miedo de que me haga una denuncia porque es funcionario público, pero necesitaba plata en ese momento. Me tocaba el pene por arriba de la ropa, y me dijo que si yo estaba con él, iba a entrar a la Municipalidad, que me acostara con él (…) Tuve relaciones sexuales con él, pero porque él me apuró, yo tenía miedo. Recuerdo que no le gustó que yo le diga que no era así como tenían que ser las cosas, así que decidí irme y me dio quinientos pesos", declaró ante el juez Sahade.
A su vez Moya, el ex custodio del intendente, contó que él llevaba hombres al departamento del funcionario, que permanecían allí unos 45 minutos, y que lo mismo sucedía en el despacho municipal.
“Yo no veía nada, pero veía cómo salían. Algunos de esos hombres salían sin querer mirarme, agachando la cabeza. (Melella) me contaba cosas, me decía “qué lindo que estuvo”, “le hice un oral”, y yo me reía, pensé que era en broma”, relató Moya a Infobae.
El rol pasivo de la Justicia
Según Giménez, a partir de entonces se produjo una “manifiesta inacción judicial” respecto de los presuntos abusos.
“El juez, una vez recibida la denuncia, en lugar de enviarla inmediatamente al fiscal para que requiriera la instrucción de una causa, y de esa manera empezar a tomar medidas, se guardó el expediente en su despacho durante más de un mes”, sostuvo el letrado en dialogo con EDFM.
El abogado contó que el magistrado ordenó allanar las empresas involucradas en la defraudación, y pidió documentación al municipio, pero en el caso de los abusos “no tomó ninguna medida” pese a que los denunciantes “presentaron como prueba los mensajes de audio del intendente para que sea peritados”.
“Hace diez días le volví a solicitar al juez que ordene pericias sobre los teléfonos, que secuestre el móvil de Melella. Lo habitual en este tipo de casos. Incluso yo pedí una orden de restricción de acercamiento del intendente respecto de las víctimas, que dicen haber sufrido amenazas en estos días. Y tampoco hizo absolutamente nada”, afirmó Giménez.
El letrado, que ya fue aceptado como querellante en la causa, advirtió que si las víctimas hubiesen sido mujeres, y si el acusado no hubiese sido el intendente, “seguramente el comportamiento de la Justicia hubiese sido muy diferente”, aseveró.
