casi un año de la firma del consenso fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional finalmente creó el organismo federal de valuaciones de inmuebles que tiene por objeto determinar los procedimientos y las metodologías de aplicación para las valuaciones fiscales de los inmuebles ubicados en las provincias que adhirieron al consenso fiscal, para que estas tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial.
El nuevo organismo está conformado por un Comité Ejecutivo integrado por el titular de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior; un representante de la jefatura de Gabinete; un representante del ministerio de Hacienda; uno por el Instituto Geográfico Nacional y otro por la AFIP, que tiene a su cargo “establecer los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales de inmuebles a los fines de que los mismos sean implementados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Por las provincias que adhirieron al Consenso Fiscal, pudiendo a tal efecto acceder a los registros catastrales y demás registros locales; asistir en la gestión de fuentes de financiamiento para el mejoramiento y el desarrollo de los catastros provinciales; suscribir y proponer acuerdos que tiendan al cumplimiento del objeto del organismo federal de valuaciones de inmuebles, y realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del organismo”.
Para cumplir con el carácter federal del organismo, el decreto 938 determina que el cuerpo cuente “con un Consejo Asesor, de carácter consultivo y vinculante”, integrado por un representante del Estado nacional y un representante de cada uno de los catastros de las provincias adheridas al Consenso Fiscal firmado el 16 de noviembre de 2017. Todos los miembros deberán acreditar conocimientos en sistemas de información territorial. Este Consejo Asesor será responsable de “evaluar y emitir recomendaciones al Comité Ejecutivo en materia de valuación de inmuebles; evaluar y emitir recomendaciones al Comité Ejecutivo sobre los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales de inmuebles, en forma previa a su aprobación definitiva por este último órgano, y asesorar al Comité Ejecutivo en todas aquellas cuestiones sometidas a su consideración, en el marco de las competencias del citado organismo”, pero prevé que “el Comité Ejecutivo” pueda “apartarse de las recomendaciones y propuestas del Consejo Asesor mediante decisión fundada”, lo que deja en manos del Gobierno nacional la última palabra en materia de valuaciones fiscales de inmuebles.
Según reza el mencionado decreto, también “resulta conveniente dotar al Consejo Asesor de una Comisión Técnica que lo asista tanto a él como al Comité Ejecutivo, integrada por 3 representantes del Estado nacional y por representantes de los catastros de las provincias que hayan adherido al Consenso Fiscal”.
Al igual que lo que sucede con el “poder de veto” que tiene el Comité Ejecutivo-integrado únicamente por representantes de Nación- respecto de las recomendaciones “vinculantes” del Consejo Asesor, la integración de la Comisión Técnica también vulnera el pretendido carácter federal del organismo federal de valuaciones de inmuebles.
Si bien la Comisión contará con 3 miembros del Gobierno nacional y 8 de las provincias, el Poder Ejecutivo Nacional decidió que “en función de la participación relativa en la distribución de recursos en materia fiscal de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde asignar representación permanente en la Comisión Técnica a los catastros de CABA y de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe” y “una representación de carácter rotativo a las demás provincias”. En función de ello se establecieron 4 zonas. La A integrada por Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta. La B por Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La C por Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis y La Pampa y la D por Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa. Las Provincias que integran cada una de estas zonas deberán establecer el orden de participación en la comisión Técnica, durando sus representantes 2 años en sus funciones.
