or tener una causa pendiente que tramita el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, respecto a un delito de lesiones, la Dirección de Migraciones debió suspender la medida de deportación del ciudadano dominicano Jonathan Parra, quien tiene presuntas vinculaciones con el tráfico de drogas y casos de violencia en la margen sur.
A principio de julio de este año, Parra fue llevado a juicio oral por una causa que estaba caratulada como homicidio en grado de tentativa, ya que con el uso de un arma de fuego gatillo durante tres veces sobre la humanidad de un vecino, identificado como Walter Liendro, sin que saliera un solo disparo.
Los jueces del Tribunal Oral entendieron que la calificación de tentativa de homicidio no era la adecuada en la causa, utilizando como criterio que el arma no estaba en condiciones de ser disparada y por ello resolvieron aplicar una condena por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma.
Parra fue condenado a 2 años y medio de prisión, accediendo a la libertad por el tiempo transcurrido de encierro, hecho por el cual las autoridades de Migraciones resolvieron atender el caso y proceder a realizar un sumario para la deportación de una persona peligrosa y que tiene antecedentes penales, en orden a las nuevas directivas emanadas desde ese organismo y desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Sin embargo, la medida para expulsar del país a Parra no se puede llevar adelante por el momento, porque desde Tribunales surgió el antecedente de una causa pendiente que tiene y por el cual debe ser enjuiciado y que está relacionado con otro hecho de violencia.
Jonathan Parra está imputado por al salvaje agresión a tres jóvenes, ocurrido fuera de un bar de calle Libertad. En esa oportunidad, junto a su hermano menor Ronnie, le provocó importantes lesiones con arma blanca a sus víctimas, las que terminaron hospitalizadas en el Hospital Regional Río Grande.
Deportación express
Cabe indicar que a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017; el presidente Mauricio Macri estableció una serie de atajos mucho más cortos para la expulsión de extranjeros, que cometen delitos en el país.
La medida no solo prevé deportaciones para inmigrantes con pedidos de captura internacionales y acusados de delitos graves como narcotráfico o trata de personas: apunta a cualquier inmigrante con tan solo un procesamiento firme o su equivalente en las Justicias provinciales, es decir, sin siquiera una condena firme.
No solo incluye la comisión de delitos graves, sino de antecedentes de cualquier delito que merezca, según el artículo 29 del DNU, "penas privativas de la libertad". De cara a la norma, cualquier fiscal o juez debe notificar esto en un lapso de cinco días a la Dirección Nacional de Migraciones. El extranjero tiene escasos días para presentar pruebas para su defensa, apenas tres.
