os abogados de Buenos Aires sin una vinculación demasiado clara con la causa donde investigan al intendente de Río Grande, Gustavo Melella, por el presunto pedido de favores sexuales a cambio de empleo, presentaron un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Raúl Sahade, a cargo del caso Melella, y contra el fiscal Pablo Candela, quien tuvo una participación inicial en el expediente.
La presentación dirigida a la presidenta del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, acusa a Sahade y a Candela de “mala conducta” funcional y requiere su remoción del cargo, además de su suspensión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación.
Los firmantes de la solicitud son Ramiro Hernán Rúa y José Luis Ghioldi, ambos domiciliados en la avenida Córdoba 652 piso 8 D de la ciudad de Buenos Aires.
Rúa declaró ayer a Radio Provincia que se encuentra “en una cruzada contra la corrupción en los distintos departamentos judiciales, para que de una vez por todas podamos tener una justicia limpia y transparente, esto es, sin sometimiento alguno a las autoridades del poder político de turno”.
Fuentes ligadas al caso Melella informaron a este medio que los abogados se habrían enterado del desarrollo de la investigación judicial contra el intendente por los medios de comunicación, y que sorprendidos por el accionar judicial, decidieron interiorizarse e intervenir.
De hecho los abogados deslizan en el pedido de jury que en la Justicia de Río Grande existe un “halo de corruptela” y una “connivencia de los funcionarios judiciales”.
“Un poder judicial que “hace que hace” pero no hace nada al respecto y mientras tanto, continua la corruptela judicial en Rio Grande”, afirma un párrafo de la presentación a la que accedió este medio.
En términos concretos, los letrados acusan al fiscal Candela porque “sin haber acudido a las medidas que imponen los protocolos para estas actuaciones, ni merituar la situación social de las víctimas o el grado de vulnerabilidad”, solicitó la desestimación de las dos primeras denuncias contra Melella, impulsadas por los trabajadores de la construcción Alfredo Suasnabar y Damián Rivas.
“Concretamente, el fiscal Candela reduce toda la angustiosa situación de vulnerabilidad social a una cuestión patrimonial. Y, desde esa perspectiva, el “móvil”, no lo tiene el victimario, sino las víctimas, que –en su interpretación-, en un clima de libertad, deciden cambiar trabajo por dignidad”, afirman los denunciantes sobre el dictamen de Candela en el expediente.
Incluso mencionan que la causa estuvo casi un mes sin requerimiento fiscal, cuando el plazo procesal es de 24 horas, y “tenemos la íntima convicción de que, en definitiva, han influido para que ello suceda, más los medios que el código de procedimiento, pues solo después del escándalo se cumplimentó el deber”, indicaron en relación a que finalmente otro fiscal, Guillermo Quadrini, impulsó la investigación cuando el caso ya había sido difundido en los medios.
Respecto del juez Sahade, la denuncia hace hincapié en que una de las pruebas “fundamentales” como lo audios que comprometerían al intendente, “todavía no fue incorporada a la causa”.
No solo eso, sino que “las principales pruebas de la causa: pericias a las víctimas, asistencia legal, sicológica y social, protección de los testigos, incorporación y peritación de los celulares, auditorias sobre las obras y contrataciones que se sabe no se auditaron ni pasaron por el Tribunal de Cuentas, historia clínica del imputado a fin de verificar si tiene HIV, que condenaría a las víctimas a una muerte lenta, pero casi segura, con lo que ello significa y agregaría un delito más que sería el de lesiones gravísimas, permanecen ajenas a la causa”, enumera la presentación.
Además, cuestiona que Sahade solo contestó con la formula burocrática “téngase por presente” cuando la parte querellante solicitó medidas de prueba como citar a un supuesto emisario de Melella que les habría ofrecido dinero a las víctimas a cambio de que no declararan.
Los abogados
Según publicó en 2008 el diario zonal “La auténtica defensa” de Campana, en la provincia de Buenos Aires, Rúa fue juez Correccional de esa ciudad hasta principios de los 90´, pero luego tuvo que renunciar en medio de acusaciones de cohecho.
El medio informó que el abogado tenía a su cargo una causa por el robo de un automotor, y el abogado defensor del imputado, Néstor Bigarella, denunció que el magistrado le solicitó dinero a cambio de entregar el auto secuestrado.
La coima, según el medio, se entregó de manera “controlada” por la policía y así imputaron a Rúa de “cohecho”, aunque “nunca estuvo preso” y luego “renunció a su cargo para evitar un posible juicio político”, mientras que “la causa se cerró”.
Por su parte, según la agencia Noticias Argentinas, el abogado José Luis Ghioldi representó al barrabrava de River Plate Matías Goñi que el año pasado acudió a la justicia para lograr que lo dejaran ingresar a los estadios luego de que le aplicaron el llamado “derecho de admisión” sin contar con una condena firme.
