dos años de haberla impulsado y que la iniciativa no hubiera prosperado, el bloque legislativo del MPF resolvió insistir en la necesidad de que la Provincia adhiera a la ley nacional de electrodependientes, para garantizar así que las fueguinos que por “cuestiones de salud requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud” puedan acceder a “un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía eléctrica” y a contar en su domicilio con un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus necesidades” que deberá ser suministrado sin cargo por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, que en el caso de Tierra del Fuego son la DPE y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.
Los autores de la iniciativa señalan que “el proyecto contempla la creación de un Registro, el cual se organizará y gestionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación, a efectos de poder contar con suficiente información para posibilitar una adecuada toma decisiones, en lo que concierne a la aplicación de la normativa” y que, además de la ley nacional, ya existen normas de estas características en las
provincias de Buenos Aires y La Pampa, en tanto que en otras, como Córdoba, tienen proyectos con estado parlamentario y en plena discusión.
