ras los efectos de la devaluación y el proceso inflacionario, que pulverizó los valores previstos desde el año 2017, el gobierno procedió a actualizar el jurisdiccional de compras y contrataciones que rige para la administración central, los entres descentralizados y los ente autárquicos.
Con el dictado del Decreto 417/20, el gobernador procedió a dejar sin efecto su par 3487/17 donde se había autorizado un jurisdiccional con valores límites de 360 mil pesos para compras y contrataciones directas y de 1,1 millones de pesos para las licitaciones privadas. Los valores actualizados quedaron establecidos en 880 mil pesos, para el primer caso y de 2,7 millones de pesos, en el segundo caso.
El jurisdiccional no rige para la Obra Social (OSPTF), la Caja de Previsión Social (CPSPTF) y la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), de acuerdo a lo que se aclara en el Decreto 417/20, que además derogó el jurisdiccional que en su momento fue aprobado por Decreto 228/20, decisión que se adoptó tras observaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.
En los fundamentos de la nueva herramienta legal, se hace mención que atento la variación de precios producidas, en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2017 a la fecha, “resulta necesario llevar adelante una actualización de los valores limites dispuestos por cada modalidad de contratación”.
A los fines de actualizar los valores se hizo “un profundo análisis con el fin de propender a mejorar la eficiencia en el uso de los procedimientos para la adquisición de bienes o contratación de servicios, según sea el caso”, subraya la fundamentación del Decreto 417/20.
El nuevo jurisdiccional implica montos “acorde a la variación económica que ha surgido en los últimos años, permitiendo así a la administración publica provincial realizar contrataciones con criterios de eficiencia, eficacia y celeridad”.
Es de destacar que entre el 2018 y el año pasado, se sucedieron devaluaciones del peso y un proceso inflacionario que hizo trizas los valores que estaban previstos por el anterior gobierno, los que no están sujetos a los costos que fueron actualizados por proveedores tanto de servicios como de bienes, al Estado fueguino.
