os concejales de Ushuaia aprobaron la adhesión de la ciudad a la Ley Nacional N° 27.499 conocida como ‘Ley Micaela’, que establece la capacitación obligatoria de agentes del Estado en género y violencia contra la mujer.
La adhesión que sancionó el Concejo Deliberante amplía los alcances de la capacitación para erradicar la violencia contra la mujer; ya que se hace extensiva para quienes tramiten la obtención o renovación de la licencia profesional para transporte de pasajeros; y para el personal de comercios o emprendimientos al momento de tramitar la obtención o renovación de la habilitación comercial.
En sesión ordinaria, los concejales incorporaron modificaciones al proyecto original, para establecer el acceso de toda la comunidad a este tipo de capacitaciones. Según la ordenanza aprobada ayer, se brindarán charlas, talleres y otras actividades vinculadas a la problemática de la violencia contra la mujer en los centros comunitarios, y se extiende la invitación a las cámaras, sindicatos y asociaciones.
Concejales atendieron el reclamo del Sindicato de Camioneros La primera parte de la sesión ordinaria del Concejo de Ushuaia, se llevó adelante con la presencia de numerosos referentes del Sindicato de Camioneros, que reclamaron respuestas en torno a la posibilidad de la municipalización del servicio de residuos. La intersección de las calles Gobernador Paz y Piedrabuena permaneció cortada al tránsito hasta pasado el mediodía. La exposición de los trabajadores de Agrotécnica Fueguina, se produjo a partir de las declaraciones del presidente del Concejo, Juan Carlos Pino, días atrás cuando el edil planteó la posibilidad de que la UISE asumiera la prestación del servicio tras la finalización del pliego licitatorio vigente. El gremio manifestó su preocupación “por el posible despido de 185 trabajadores”. En respuesta al reclamo del sector, el concejal Pino remarcó que se priorizan las fuentes de trabajo, y se refirió a la posibilidad de modificar el pliego licitatorio. “El servicio tiene que llegar a toda la ciudad; no puede ser que Andorra, los Alakalufes y la Urbanización San Martin, entre otros sectores, no se pueda realizar la recolección de residuos porque no está previsto en el contrato –dijo-. Tenemos que tener una licitación que contemple todos los barrios”. El concejal defendió la postura de que el servicio quede en manos de UISE (sociedad del estado municipal) sin que ello implique que los trabajadores pasen a ser empleados estatales, sino que por el contrario aclaró que la propuesta es que continúen amparados por las normativas laborales actuales. |