a formalizado el trámite de promulgación de la ley que declaró la emergencia económica, fiscal, financiera y social en la Provincia hasta el 31 de diciembre de este año, el Poder Ejecutivo se abocó ayer a trabajar en la reglamentación de la norma sancionada por la Legislatura el pasado jueves 28 de mayo.
Según se informó oficialmente, ayer mantuvieron un encuentro el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; el Ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández; la Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione; el Presidente del BTF, Carlos Fernández y otras autoridades de la entidad bancaria, en el que se abordaron los puntos principales de la reglamentación de la ley, sobre la que ya se viene trabajando, para asistir rápidamente al sector privado y reactivar la economía fueguina.
La ley estipula la implementación del programa PROG.R.E.SO, que contará con 2 millones de pesos para, parte de ellos, ser destinados a la capitalización del BTF para el otorgamiento de créditos especiales en el contexto de la pandemia, y otra parte de los fondos direccionados al Ministerio de Producción y Ambiente para el acompañamiento a través de subsidios y créditos no bancarios a sectores que no pueden ingresar al sistema financiero formal, además de contemplar medidas fiscales como la exención del pago de impuesto de sellos a los créditos entregados por estas vías y la extensión de la moratoria y facilidades de pago para los contribuyentes de la provincia.
También autoriza al Ejecutivo a contraer un endeudamiento por hasta 3 millones de pesos en el marco del programa para la Emergencia Financiera Provincial que implementó Nación para asistir con 120 mil millones de pesos a las Provincias, 60 mil millones provenientes de aportes del Tesoro Nacional (ATN) y 60 mil millones en créditos del Fondo Federal de Desarrollo Provincial a ser devueltos en 36 meses. Estos recursos se afectarán sustancialmente a garantizar financiamiento para que el Estado pueda seguir afrontando sus obligaciones salariales, de funcionamiento y pago a proveedores, entre otras.
Además, la ley autorizó al Ejecutivo a adecuar la afectación de los recursos obtenidos por el bono TU27 para destinarlos a la finalización de la ampliación del Hospital Regional Ushuaia; la readecuación de la Guardia del Hospital de Río Grande; el muelle comercial de operaciones de buques de turismo, carga y pesca y muelle de catamaranes de Ushuaia; la construcción de un Centro de Rehabilitación, similar a Mamá Margarita, en Ushuaia; la finalización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la Margen Sur de Río Grande; el interconectado del gasoducto General San Martín con el Gasoducto Fueguino, la realización de redes de agua, cloacas y gas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, y la culminación de la red troncal provincial de fibra óptica.
