mediados de la próxima semana, precisamente a partir de las 14:00 del miércoles venidero, la comisión de Educación comenzará con en análisis del proyecto de ley que busca reemplazar la ley provincial 424 que regula el régimen de las convenciones colectivas de trabajo para el sector docente. La ley sancionada en 1998 estableció que la comisión negociadora de las relaciones laborales de los trabajadores docentes está integrada por 4 miembros en representación del Poder Ejecutivo y 4 representantes del Sindicato del Sector Educativo con mayor cantidad de afiliados en la Provincia, lo que en la práctica ha generado que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina tenga participación exclusiva en la mesa de negociación.
En la reunión realizada ayer de la comisión de Educación, que preside el oficialista Emanuel Trentino, se acordó convocar para el miércoles de la semana próximo a distintas organizaciones sindicales para conocer su postura sobre la propuesta elaborada por la legisladora Andrea Frietes, del bloque Frente de Todos - PJ.
En tanto, el miércoles 1 de julio está previsto contar con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo. Se resolvió que durante ambos encuentros se avance también sobre la situación de los establecimientos de educación privada y del ámbito público, y que las autoridades de la cartera educativa brinde un informe sobre lo actuado en el marco de la Ley de emergencia educativa y sobre cómo se planificando el regreso de los alumnos a las aulas.
El proyecto presentado a principios del mes de marzo por quien fuera durante la pasada gestión legislativa la titular de la comisión de educación, hace propio el reclamo planteado hace años atrás por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) respecto de la necesidad de actualizar la ley 424 para habilitar la participación de otros gremios del sector educativo en convenciones colectivas de trabajo docente.
La autora de la iniciativa sostiene que el texto propuesto “conlleva a una democratización del ámbito de las negociaciones” ya que habilita que todas las “entidades sindicales con personería gremial y jurídica” del sector docente participen del ámbito de negociación colectiva, dejando sin efecto la exclusividad que consagra la actual normativa al “sindicato con mayor cantidad de afiliados”.
A entender de Freites, la situación actual “clara y concretamente no resulta representativa y menos aún legítimo para todos los afiliados de los sindicatos que no se encuentran representados en las paritarias vigentes”.
En tal sentido plantea que la representación del Estado Provincial cuente con un máximo de hasta 5 paritarios, en tanto que la “de los trabajadores nunca podrá ser inferior a 10 miembros”, de los cuales 3 corresponderán “a la entidad sindical con personería gremial y jurídica con mayor cantidad de afiliados del sector docente” en tanto que las restantes contarán con 2 representantes.
El proyecto también introduce otros cambios respecto de la ley vigente. Por ejemplo, determina que “en ningún caso la educación podrá ser considerada como servicio esencial en los términos del artículo 24 de la Ley Nacional 25.877 (Régimen laboral)”, que determina que deban garantizarse la prestación de servicios mínimos cuando un conflicto de trabajo involucre actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales.
Además prevé que “los representantes de las entidades sindicales del sector docente que integren la Comisión Paritaria, gozarán de licencia en el o los cargos u horas cátedra en los que se desempeñan” y que percibirán una remuneración que “en ningún caso podrá ser inferior al Salario que perciban los Supervisores Generales del Escalafón Docente, en toda su composición, respetándosele el concepto de la antigüedad que posea el paritario designado”.
