os 11 gremialistas estatales procesados por el corte de la Ruta Nacional Nº3 que dejó aislada a la ciudad durante 11 días en marzo de 2016, durante un conflicto con el gobierno de ese entonces por la reforma del sistema previsional, evitarán el juicio oral y público si aceptan pagar un resarcimiento económico de $30 mil, informaron ayer fuentes judiciales.
La propuesta a los imputados fue realizada en el marco del expediente judicial donde se investiga lo ocurrido, por el fiscal Federal de Ushuaia, Juan Soria, dentro de las facultades que prevé una reforma del Código Procesal Penal.
Si los acusados aceptan, las sumas serán destinadas a la compra de alimentos, hornos pizzeros o cocinas industriales para los merenderos y comedores comunitarios de la ciudad, precisaron fuentes de la Fiscalía.
El mecanismo de resolución es similar al que se utiliza para las causas donde se acusó a distintas personas de violar la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en infracción al Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia (DNU) que regula las restricciones de circulación.
En el caso del corte de la ruta están imputados el secretario general del Sutef Horacio Gustavo Catena y la dirigente del mismo sector María Florencia Villarreal, el secretario general del ATE, Hipólito Carlos Córdoba, al secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicas (Afep) José Darío Gómez y los miembros del Soem Sandra Cristina Esperón y Horacio Gallegos.
También la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc) Elisa Catalina Dietrich, el secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (Sejup) Roberto Marcelo Kuba, el secretario adjunto de Atsa, Jorge Daniel Saravia, la ex representante de los jubilados autoconvocados Patricia Beatriz Blanco y el secretario gremial del sindicato de músicos, Juan Marcelo Levincoy Pérez.
Algunos de ellos, como Catena, Villarreal, Levincoy y Dietrich (esta última pagaría un resarcimiento de $15 mil) ya habrían prestado conformidad al acuerdo, en tanto que otros todavía no hicieron saber su postura a través de los abogados defensores.
En el expediente hubo un procesamiento dictado en 2017 por el juez Federal de Ushuaia Federico Calvete, y una ratificación parcial (desestimó algunas de las figuras delictivas) suscripta por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Después, la causa fue elevada al Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, que interviene para la etapa de juicio al tratarse de un caso de índole correccional (con penas menores a tres años de prisión).
Los dirigentes están acusados de los delitos de “interrupción del transporte y de servicios básicos”, a partir de los hechos que comenzaron a producirse el 15 de marzo de 2016, con interrupciones parciales de la ruta, y se mantuvieron ya con bloqueos totales desde el 17 y hasta el 27 de marzo, en que finalmente los manifestantes decidieron abandonar el lugar y concentrar el conflicto en acampes frente a la casa de gobierno de la provincia.
La medida gremial realizada en el puesto policial de ingreso a Ushuaia dejó aislada a la ciudad por vía terrestre, y afectó servicios como el ingreso y egreso de camiones con mercaderías, la distribución de gas envasado, y el movimiento de micros y combis de turismo durante los feriados de Semana Santa, entre otras actividades.
Los gremios estatales reclamaban en 2016 la derogación de un paquete de leyes sancionado en enero de ese año que, entre otros aspectos, modificó algunas condiciones de acceso a la jubilación, como la posibilidad de jubilarse a los 40 o 45 años de edad, pero que también declaró la emergencia del sistema jubilatorio y estableció aportes obligatorios a un fondo para la sustentabilidad del régimen.
Las protestas también derivaron en otros incidentes como el piquete realizado frente a la planta de combustibles Orión, que abastece de naftas a toda la provincia, y en un acampe frente a la casa de gobierno que impidió el normal funcionamiento de la administración pública.
