a causa difundida por EDFM en 2018 tras la denuncia de la Asociación Civil de Animales “Patitas Tolhuin” y por la cual fue investigado el empresario de turismo Walter Cayo, quien por ese entonces alquilaba el centro invernal Valle de Lobos, no tendrá un juicio oral y público como se preveía.
Esto se debe a que Cayó, quien ese mismo año había sido procesado por el delito de maltrato animal, producto de la cantidad de perros abandonados y muertos que se detectaron en dicho centro turístico, celebró un acuerdo en mediación con el propietario del centro invernal Pedro “El Gato” Curuchet. En el mismo se comprometió a pagar 960 mil pesos para lo cual se confeccionó un pago en cuotas.
Hay que recordar que la causa responde a una denuncia contra el encargado del centro invernal planteada en 2018 por la Asociación Civil Protectora de Animales “Patitas Tolhuin”, cuyos integrantes certificaron el estado de abandono en el que se encontraban los perros y serias deficiencias en las instalaciones.
El juez de instrucción Javier De Gamas Soler investigó el caso y tras las acusaciones sostenidas por el fiscal Fernando Ballester Bidau, procesó a Cayo por el delito de maltrato animal previsto en la ley nacional 14.346, en una resolución donde también realizó un severo diagnóstico sobre el estado en el que se encontraban los animales en Valle de Lobos.
Luego de elevada a juicio, la causa pasó a manos de la jueza Correccional Felicitas Maiztegui Marcó, quien había fijado fecha de juicio para marzo pasado cuando se desató el aislamiento obligatorio producto del COVID-19.
Pero el día 13 de marzo último, Walter Cayo firmó un acuerdo con el abogado de Curuchet, el doctor Alejandro Pagano Zavalía, donde se dejó establecido la reparación económica por los perros fallecidos. Ofreció $ 960.045 pagadero de la siguiente manera: dos cheques, uno por $155.022 y otro por $155.023, para ser cobrados en marzo y abril respectivamente. Más siete cuotas consecutivas: la primera de 50 mil pesos para cancelar en mayo, y seis más de 100 mil pesos para los meses subsiguientes.
Con esto evitó ser juzgado por el delito por el cual se lo había procesado. “Solo se podría realizar el juicio en caso de que incumpla el acuerdo alcanzado y que deje de pagar las cuotas pautadas”, informó a “el diario” una fuente del Ministerio Público Fiscal.
La denuncia que terminó con procesamiento
El juez de instrucción Javier De Gamas Soler investigó el caso y tras las acusaciones sostenidas por el fiscal Fernando Ballester Bidau, en septiembre de 2018 procesó a Cayo por el delito de maltrato animal previsto en la ley nacional 14.346, en una resolución donde también realizó un severo diagnóstico sobre el estado en el que se encontraban los animales en Valle de Lobos.
Por ejemplo, un testigo relató que vio morir varios perros por desnutrición, inclusive una perra que estaba encadenada, y observó que pese a la mala alimentación y cuidados veterinarios, se los obligaba a correr entre 10 y 12 vueltas a cada uno.
Otro testigo declaró que vio morir a tres perros semanas antes de una competencia, y que en febrero de 2018, “observó a unos perros comiendo a su cachorro y a otros animales ingiriendo su propia materia fecal”, mientras que más ejemplares “no tenían agua y estaban atados con cadenas”, se encontraban en “estado calamitoso, flacos (10 kilos) sin masa muscular, con piojos y parásitos”. A su vez otro grupo se encontraba suelto en la Laguna Esmeralda “buscando alimentos que le pudieran dar los turistas”.
Una especialista de la ONG denunciante declaró en el expediente que “vio que los canes comían trapos y luego los defecaban, como así también observó a los perros esperando a que otro defecara para comer sus heces”.
“Se tiene debidamente acreditado que Walter Cayo no alimentaba en cantidad y en calidad suficiente a los animales que tenía a su cargo, que los hacía trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles el descanso adecuado y que eran empleados en el trabajo cuando no se hallaban en estado físico adecuado”, había dicho el juez en el auto de procesamiento.
Y agregó que la disminución de ejemplares en Valle de Lobos “se debe a que han sucumbido ante la conducta de Cayo, y a que han perecido por falta de alimentación, atención médica y sobreexplotación”.
La defensa del encargado presentó un pedido de probation (o suspensión del juicio a prueba) que incluía pagar un resarcimiento económico de $12 mil, pero la solicitud no prosperó. En esta oportunidad ese monto se elevó a 960 mil pesos, con lo cual el propietario de los perros y del predio, Pedro Curuchet, más conocido como "el Gato", finalmente aceptó la propuesta de resarcimiento.
