na docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf) e integrante suplente del Consejo Superior de esa institución, Tariana Gessaga, denunció penalmente al rector Juan José Castelucci por la falta de convocatoria a elecciones en esa casa de estudios, según confirmaron a este medio, fuentes vinculadas al caso.
La denuncia realizada el pasado jueves 16 de julio, y que recién trascendió ayer, se presentó ante el fiscal Federal de Ushuaia, Juan Soria, y solicita que se investigue a Castelucci por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La polémica se inscribe en la interna entre dos listas que se disputan la conducción de los órganos de gobierno universitarios, una liderada por el propio Castelucci y la otra encabezada por el científico Daniel Fernández.
Los comicios de la Untdf ya fueron aplazados el año pasado porque el sector de Fernández acudió a la justicia para impugnar decisiones de la junta electoral, y el juez Federico Calvete intervino suspendiendo las elecciones, que luego por decisión de la asamblea universitaria se pospusieron hasta 2020.
Sin embargo, con la suspensión de actividades por la pandemia de coronavirus, el acto eleccionario sufrió una nueva postergación, hasta que el cambio de fase sanitaria en la provincia (de aislamiento a distanciamiento social) llevó al Consejo Superior a establecer un cronograma que tenía como fechas iniciales el 14, 15 y 16 de julio.
Después, la junta electoral universitaria objetó esa decisión con el argumento de que seguían vigentes las restricciones sanitarias respecto de la organización de eventos multitudinarios, y ello reavivó la polémica con el sector opositor liderado por Fernández.
Según la denuncia presentada por la consejera Gessaga (representante del claustro de docentes por el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI) además del rector, son responsables penales por lo sucedido los miembros de la junta electoral, ya que ese cuerpo “tenía el deber de garantizar la legalidad, transparencia y pluralidad de los actos electorales prescriptos por Estatuto. Incluso necesariamente debía velar porque el proceso se cumpliera y en todo caso intimar al rector a que cumpliera con dicho mandato”, afirma el escrito judicial.
“La situación de pandemia y crisis sanitaria nos impuso una nueva realidad, pero no por ello el ejercicio de la democracia universitaria puede verse postergado indefinidamente, teniendo en cuenta que la universidad está funcionando con mandatos prorrogados hace casi nueve meses, y desde hace varias semanas en la provincia, casi la totalidad de las actividades han sido reactivadas bajo los protocolos correspondientes”, apuntó la denunciante.
Para Gessaga, el rector “obstruyó el proceso democrático por acción u omisión de sus funciones reconocidas en el estatuto de la universidad”, y “no proveyó de los instrumentos necesarios al Comité Operativo de Emergencia (COE) para la elaboración de un protocolo que posibilitara el desarrollo de las elecciones, demostrando así una actitud totalmente dolosa”.
Incluso agrega que “la gravedad de los hechos se enmarca en una crisis institucional” con “degradación del proceso electoral y de la vida democrática de la universidad pública”, cuestiona la docente en la denuncia.
Gessaga advirtió que actualmente existe en trámite una nueva resolución de Consejo Superior que define nuevos plazos electorales, “sujetos a acciones y gestiones reservadas al rector para cumplir sin dilaciones el calendario electoral”, aunque de acuerdo a la denuncia, ello no lo libera de responsabilidad penal.
