rece meses transcurrieron desde que el juez de instrucción de la ciudad Javier De Gamas Soler procesó a cinco personas por el denominado escándalo de las viviendas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia continúa sin resolver el caso.
En la causa donde está involucrado el propio secretario general de ATE, Carlos Córdoba, se investiga la venta de viviendas sociales a personas ajenas al sindicato.
Hasta el momento, De Gamas Soler dio por demostrado que los directivos de ATE y otros allegados se unieron para organizar un plan “destinado a percibir grandes sumas de dinero de forma mal habida, utilizando un argumento tan sensible como puede ser el acceso a la vivienda propia”.
“Este plan criminal fue ideado de manera minuciosa” por los gremialistas, que de haber logrado su objetivo, “quizás nunca hubiera salido a la luz la perversa maniobra orquestada”, señaló el magistrado en su pronunciamiento de fines de junio de 2019.
El juez explicó en su fallo que la conducción de ATE utilizó un “proyecto lícito y destacable” como lo es la construcción de 128 viviendas sociales para personas afiliadas al sindicato (en el barrio Barrancas del Río Pipo) para quedarse con 21 de esos inmuebles y “negociarlos a grandes valores económicos”, que si bien eran altos, constituían precios menores al del mercado inmobiliario privado.
“El grupo criminal se arrogó la facultad de “guardarse lugares” entre las 128 soluciones habitacionales, para comercializarlos a discreción, claramente de manera ilegal, lo que resultaría indefectiblemente en un doble perjuicio. Por un lado la estafa al que abonó valores por un departamento que luego debería volver a abonar en su integridad al IPV, y una defraudación a los afiliados legítimos de ATE que perdieron su posibilidad de acceso a una vivienda digna por la maniobra fraudulenta antes indicada”, remarcó De Gamas Soler.
La Justicia procesó por esta maniobra a Córdoba por “22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí y defraudación por administración fraudulenta”. Y por los mismos ilícitos a la secretaria de Acción Social de ATE Lilian Carolina Galli.
También procesó a la “cara visible” de la maniobra, Miguel Arana, conocido como “Miguelón”, un empleado municipal e integrante de la comisión de viviendas de ATE, a quien le adjudicaron “22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí, defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con 7 hechos de falsificación ideológica de documentos y lavado de activos de origen delictivo”.
Los demás procesados fueron Gisela Edith Escobar (pareja de Arana) por “lavado de activos de origen delictivo” y Erik Enrique Moscoso Panozo, también por “lavado de activos de origen delictivo”.
Todos ellos fueron embargados, además, por 3 millones de pesos.
La Justicia también dictó la falta de mérito (es decir que no hay pruebas ni para procesarlos ni para sobreseerlos) de Francisco Freire Acosta y Hugo Fabián Aguirre, dos operadores inmobiliarios que ofrecieron las viviendas sociales pero aún no se saber si a sabiendas de que formaban parte de una maniobra delictiva. Y de Martín Arana, hijo de Miguel.
Por último se dictó el sobreseimiento de Leandro Santillán Mulvihill y Omar Alberto Calquín, quienes ofrecieron las viviendas sociales a otras personas pero que según el juez no tenían conocimiento de su procedencia ilícita.
La investigación judicial logró avanzar en el interrogante acerca de qué hicieron algunos de los imputados para ingresar en el mercado legal de capitales, los importes obtenidos por la supuesta estafa con las viviendas. Por eso algunos de los acusados deben responder por el delito de lavado.
Según los números compilados por la Justicia, la maniobra con las viviendas de ATE implicó una estafa de $8.145.000 y U$S 52.000 dólares, lo que equivale a unos $14,3 millones.
