n grupo de organizaciones sociales y sindicales, abogados, periodistas, dirigentes políticos y ciudadanos, nucleados en un espacio abierto llamado “Otra Justicia”, inició una juntada de firmas para oponerse al proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia en plena pandemia de coronavirus.
La iniciativa se implementó a través del sitio de Internet www.change.org, bajo el título “No a la ampliación de la Corte de Justicia en Tierra del Fuego”, y había reunido más de 200 adhesiones en una sola jornada.
Los gestores de esta solicitud consideran que la Legislatura no pretende simplemente ampliar de tres a cinco los miembros del STJ sino “cooptar el Poder Judicial y designar a quien ya saben que va a representar mejor los intereses políticos, corporativos y económicos de la clase dirigente fueguina”.
“Es un simulacro institucional aprovechándose de que todos estamos pensando en nuestra salud y en nuestra subsistencia económica. En lugar de modificar el sistema de selección de jueces o garantizar un Superior Tribunal con paridad de género, solo quieren perpetuar sus negocios”, afirman desde el espacio de participación.
La petición sostiene que cualquier reforma del sistema judicial fueguino debería incluir “la modificación del sistema de selección de jueces, para reemplazar el actual, cooptado por intereses políticos, que no garantiza la idoneidad técnica de los candidatos ni está sujeto a ningún tipo de control ciudadano”.
También afirma que debería garantizarse “una representación igualitaria de las mujeres en los organismos judiciales, ya sea en los tribunales como en el Consejo de la Magistratura, que como muestra exhibe hoy una composición enteramente masculina”.
“Estamos convencidos de que el alcance de la reforma judicial debe ser ampliamente discutido y debatido, procurando que las y los usuarios del servicio de justicia -que serán impactados por sus resultados- sean parte de la discusión. Esto implica romper con la forma tradicional en la cual se han discutido otras propuestas en torno a estas temáticas: un modelo vertical y elitista, donde sólo debaten las y los especialistas en la materia. También requiere una discusión amplia y robusta basada en las necesidades jurídicas de las personas y en diagnósticos sólidos realizados a partir de evidencia”, indica el texto de la proclama en change.org.
Suma rechazos
De este modo, el proyecto legislativo que la semana pasada consiguió dictamen favorable de comisión, sigue sumando rechazos de diferentes sectores de la comunidad.
El secretario general del sindicato de empleados judiciales (Uejn) Luis Bechis, afirmó sobre el tema que “no hay argumentos jurídicos sólidos que sostengan este pedido de ampliación (del STJ) pero sí políticos, y hombres dispuestos para esto, lo cual jamás compartiremos. Nosotros queríamos una nueva forma de selección, de administración del Consejo de la Magistratura, y que quien llegue lo haga por sus antecedentes, los cuales deben constar en algún lado”, indicó.
Bechis también sostuvo que “esta ampliación va a traer aparejado no solamente un incremento en la planta de personal sino que también va a tener una incidencia muy importante en el presupuesto judicial, dado que la integración no es solamente de dos nuevos miembros, sino que están los relatores, que son una cantidad importante por ministro, los secretarios, los choferes, con lo cual se incrementaría mucho la planta de personal”.
Abogados como el ex convencional constituyente Demetrio Martinelli y funcionarios como el senador Pablo Blanco, también se opusieron públicamente a la iniciativa.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Ushuaia aseveró en un documento dirigido a la Cámara legislativa que “la oportunidad es propicia para que debatamos calidad institucional más que cantidad de integrantes del STJ”.
En esa línea, le pidieron a los legisladores que analicen la “creación de un Superior Tribunal de Justicia con paridad de género”, la “acreditación de capacitación en perspectiva de género” y que el requisito de ejercicio de la profesión se acredite con la matriculación activa en algún colegio profesional del país, y con el ejercicio de cualquier función pública que exija el título de abogado.
Incluso el colegio pide analizar el carácter vitalicio de los cargos de jueces del Superior Tribunal de Justicia, algo que no había sido incorporado como materia de discusión por la comisión legislativa encargada del tema.
