l traslado de un imputado del abuso sexual de una menor, desde la ciudad de Río Grande al municipio de Tolhuin, generó ayer un marcado malestar entre los habitantes del corazón de la isla, algunos de los que llegaron a manifestarse por las calles y frente a la vivienda donde está alojado el sujeto, según contaron fuentes vinculadas al caso.
La indignación de los pobladores se vincula con la condición de sospechoso del hombre, pero también con el hecho de que haya recibido un permiso sanitario especial para mudarse desde Río Grande en medio del rebrote de casos de coronavirus que atraviesa ese distrito y de la vigencia de la prohibición de entrada y salida de personas del ejido urbano riograndense por el mismo motivo.
De todos modos, fuentes judiciales explicaron que el traslado de este imputado no fue ordenado por el juez de instrucción Pablo Candela, que interviene en la causa donde se lo investiga por abuso sexual, sino que obedece a una decisión del propio acusado que no tiene restricciones de circulación y se encuentra en libertad.
El hombre cuyas iniciales son NDO fue denunciado penalmente en febrero de este año por la madre de una niña menor de edad.
La madre, de nombre Romina, contó a FM Aire Libre que el acusado era un vecino del mismo edificio donde vive su familia, en el barrio Chacra IV de Río Grande.
Dijo que según el testimonio de la hija, los abusos habrían comenzado cuando la menor tenía 7 años, porque el sujeto ingresaba a su departamento para asistir al abuelo de la nena, que estaba muy enfermo.
“Se aprovechaba del momento y de la oportunidad, y abusaba de mi hija”, contó la madre.
También reveló que el atacante habría amenazado a la niña con “matar a toda su familia” si contaba lo que había sucedido, y que a raíz de esta situación, la menor ya intentó suicidarse en dos oportunidades.
Romina precisó que el acusado “vive en la planta baja y nosotros en el segundo piso. Por eso mi hija no quiere regresar allí. Porque cuando ingresamos o salimos del edificio, “el paisa” (como lo llaman) está ahí y nos dice cosas, nos amenaza”.
El juez Candela ordenó una prohibición de acercamiento del hombre a la víctima y sus familiares, que todavía sigue vigente, pero aún no lo citó a prestar declaración indagatoria ni tampoco lo detuvo.
“Para cumplir esa orden, dado que viven en un mismo edificio, el imputado fijó domicilio alternativo en Tolhuin donde consiguió una casa a través de la iglesia evangélica a la que concurre. Eso también le permite seguir cuidando a su mujer que está enferma”, explicó un vocero judicial consultado por este medio.
En ese sentido, agregó que “no existe una orden judicial de traslado a Tolhuin” aunque “sí se gestionó un permiso especial de circulación para efectuar el traslado con todo el protocolo sanitario correspondiente. De hecho, actualmente están cumpliendo una cuarentena obligatoria de 14 días”.
La madre de la víctima también reclamó que la causa avance con mayor celeridad, y dijo que su hija todavía no prestó declaración a través del sistema de Cámara Gesell.
“Ahora tiene trastornos de ansiedad. Dos veces atentó contra su vida. Esperamos superar todo eso”, se esperanzó la mujer.
