Rechazaron un pedido del Conicet para suspender la audiencia del 24
Erradicación de conejos de la península de Ushuaia

Rechazaron un pedido del Conicet para suspender la audiencia del 24

El juez Federal de Ushuaia Federico Calvete rechazó por “improcedente” un pedido del Conicet, representando al Cadic de Ushuaia, para suspender la audiencia en la que el organismo científico y las protectoras de animales deben ponerse de acuerdo en un plan alternativo a la matanza de conejos. La opción consiste en capturar a los ejemplares, castrarlos y trasladarlos a un predio especialmente acondicionado.
20/08/2020
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l juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, rechazó por “improcedente” una solicitud de abogados del Conicet (en representación del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) para suspender la audiencia convocada el próximo lunes 24 a las 14, con el objetivo de que integrantes de ese organismo científico, representantes de asociaciones protectoras de animales, del gobierno y del municipio se pongan de acuerdo en la instrumentación de un plan alternativo a la matanza de conejos con gas fosfina en inmediaciones de la península de Ushuaia.
La audiencia es parte de la medida cautelar dictada por Calvete el pasado 7 de julio, cuando le prohibió al Cadic llevar adelante la erradicación de estos animales, y consideró factible aplicar un “plan alternativo” presentado por las dos entidades que iniciaron la demanda judicial, que son la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf).
Ese plan, que sigue contando con el rechazo de los organismos científicos, consiste en la captura de los ejemplares mediante jaulas trampa, su castración quirúrgica por un médico veterinario y su traslado a un predio especialmente acondicionado.
Desde el Conicet plantearon que la audiencia debía ser suspendida hasta tanto se resuelva la apelación a la medida cautelar que tramita ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en Chubut.
Sin embargo, el juez tuvo presentado “en tiempo y forma” el recurso de revocatoria contra el llamado a la audiencia, pero lo rechazó por “improcedente”.
“La  apelación   respecto de la medida cautelar ya ha sido concedida el 17 de julio y no tiene efecto suspensivo”, por lo que “se trata de culminar la sentencia cautelar oportunamente   decretada, donde se dispuso que para determinar la viabilidad del proyecto que constituye parte de la medida cautelar, se convocaría a las partes y autoridades de aplicación correspondientes a una audiencia a fin de consensuar ese procedimiento”, indica la resolución judicial.
El magistrado ya había definido que el encuentro se realizará en el salón de usos múltiples del juzgado, dando cumplimiento al protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus, incluyendo el distanciamiento social y el uso obligatorio de tapabocas por parte de los asistentes.
Para la audiencia fueron citados el veterinario  Alejandro   Alberto   Hiriart (responsable técnico del plan alternativo presentado por las protectoras) la titular de la  Dirección General de Áreas Protegidas   y   Biodiversidad dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia,  María   Laura   Carranza y el secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad, Damián De Marco.
También fueron convocados representantes del Comité Operativo de Emergencia (COE) y el fiscal Federal de Ushuaia, Juan Soria.
El juez dispuso que las partes podrán designar a otros expertos para que los asesoren, aunque “en la cantidad imprescindible” y siempre y cuando se comuniquen al tribunal sus nombres en los próximos cincos días.
Además, las autoridades del Conicet que no puedan viajar a la provincia por las restricciones del tráfico aéreo (a causa de la pandemia) podrán participar por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom o alguna otra alternativa.
El Cadic decidió el control poblacional de los conejos debido al  “riesgo ambiental” y a los “inconvenientes” generados por la especie en inmediaciones del edificio del organismo.
Tanto Afada como Araf se presentaron ante la Justicia argumentando que la erradicación de estos animales amenaza la “fauna silvestre y la diversidad biológica”, y que la sustancia pensada para la fumigación resulta “altamente tóxica para cualquier ser vivo”.

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