Juzgan el crimen de una abuela que reclamaba por la adopción clandestina de su nieto
Justicia penal de Río Grande

Juzgan el crimen de una abuela que reclamaba por la adopción clandestina de su nieto

El juicio empieza hoy. Cuatro hombres, entre ellos un joven que tenía 17 años al momento del hecho, están acusados de participar del homicidio de Gladys Moledo, apuñalada el año pasado frente a su nieto de 2 años. Una adopción clandestina asoma como el principal móvil del asesinato.
09/09/2020
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l Tribunal de Juicio de la ciudad de Río Grande juzgará desde hoy a los cuatro presuntos autores del crimen de una abuela apuñalada frente a su nieto de 2 años, dentro de una trama donde una adopción clandestina asoma como el principal móvil del asesinato, según señalaron fuentes judiciales.
Gladis Beatriz Moledo, de 54 años, murió el 9 de septiembre de 2019 tras recibir varias heridas cortantes en el cuerpo, dos de ellas en la zona del cuello, mientras se encontraba dentro de su casa en el barrio Margen Sur de la ciudad del norte de la provincia.
El juez de instrucción Daniel Cesari Hernández demostró que la hijastra de la víctima, Oriana Milagros González, de 18 años, había dado a luz a una criatura pocos meses antes del crimen, y se la había entregado a una familia de conocidos (los tíos de su mejor amiga) quienes intentaron inscribirla como una hija propia.
Los integrantes de esa familia: Gastón Eduardo Blanco, de 35 años, apodado “gato”, un hijo de Blanco de 17 años, y dos cuñados de Blanco, Juan Ramón Gómez, de 35 años y Juan Manuel Gómez, fueron procesados como autores o partícipes del asesinato.
Una de las hipótesis del hecho es que Moledo reclamaba por su nieto entregado a esta familia sin los procedimientos legales, y que la mataron porque amenazó con revelar a las autoridades lo que había ocurrido con el menor.

La acusación

Según la acusación fiscal, Blanco, Juan Manuel y Juan Ramón Gómez deberán responder por “haber matado a la mujer, previo acuerdo y división de tareas y roles”, mientras que el menor de 17 años “habría brindado la ayuda necesaria para que se consumara el delito”.
La fiscalía sostiene que los tres adultos ingresaron a la vivienda de la víctima, “sin ejercer fuerza en la cerradura, y aprovechando que estaba desprevenida la neutralizaron, golpearon en el rostro y provocaron heridas de muerte con un cuchillo”.
En tanto, el menor “los habría llevado hasta un lugar cercano  al domicilio de la víctima y se reunió con el resto de los coautores en forma posterior a haber consumado el hecho en una dirección acordada”, aseveró la fiscal Laura Urquiza al acusar a todos por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.
Por el hecho también estuvo imputada la hijastra de la víctima, Oriana González, y la pareja de Blanco, Jésica Gómez, aunque la situación de ambas fue definida como falta de mérito.
Al dictar el procesamiento de los sospechosos, el juez Cesari Hernández se basó en las imágenes de cámaras de seguridad, en testimonios y en otros indicios que ubican a los acusados en la escena del crimen.
También fueron valorados más elementos, como el hecho de que los imputados lavaron el auto que los habría llevado hasta el lugar del homicidio, el supuesto descarte de un teléfono celular de la víctima (hallado cerca de donde pasó el vehículo) y las lesiones recientes que algunos presentaban.
Por otra parte, Jesica Gómez declaró en la causa haber escuchado a su hermano decir: “dos puñaladas le metí en el cuello” y haberlo visto juntar la ropa que se quitó (después del hecho) para guardarla en una “bolsa negra”.
El caso también tiene un testigo presencial: el otro nieto de Moledo, que estaba dentro de la casa cuando la mataron, y cuyos gritos en la madrugada del crimen alertaron a los vecinos y motivaron que la policía descubriera el cuerpo tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre.
El Tribunal de Juicio estará integrado por los jueces Eduardo López, Juan Varela y Martín Bramati, mientras que la Fiscalía estará representada por Laura Urquiza y la defensa pública de los acusados será ejercida por el defensor ante el Superior Tribunal de Justicia Gustavo Ariznabarreta, y los defensores José María Fernández López y José Pellegrino.
El abogado Alejandro Naccarato también participará también del juicio en representación del que fuera menor al momento del hecho (hoy es mayor de edad) en su carácter de miembro del Ministerio Pupilar.

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