l Tribunal de Juicio en lo Criminal de la ciudad de Río Grande continuó ayer tomando declaraciones testimoniales en el juicio a los cuatro presuntos autores del crimen de una abuela apuñalada frente a su nieto de 2 años, dentro de una trama donde una adopción clandestina asoma como el principal móvil del asesinato.
Se trata del caso de Gladis Beatriz Moledo, de 54 años, quien murió el 9 de septiembre de 2019 tras recibir varias heridas cortantes en el cuerpo, dos de ellas en la zona del cuello, mientras se encontraba dentro de su casa en el barrio Margen Sur de la ciudad del norte de la provincia.
Tras un cuarto intermedio producido el último jueves, los jueces reanudaron las audiencias del proceso con los testimonios relacionados con la hija de Moledo, señalaron fuentes judiciales.
También declararon los médicos que realizaron el examen psiquiátrico de los imputados: los psiquiatras Jorge Gabriel Pérez Artaso y Mariano Rípoli, quienes hablaron por videoconferencia desde Ushuaia.
En tanto, en horas de la tarde estaba prevista otra ronda de testimonios con el personal policial de la División Delitos Complejos que analizó los datos de las cámaras de seguridad próximas al lugar del hecho.
Por su parte, la semana pasada ya habían declarado los testigos relacionados al círculo de los principales imputados y también un integrante de la religión vinculada a ellos, agregaron los voceros judiciales consultados.
Sobre la trama del homicidio, el juez de instrucción Daniel Cesari Hernández demostró que la hijastra de Moledo, Oriana Milagros González, de 18 años, había dado a luz a una criatura pocos meses antes del crimen, y se la había entregado a una familia de conocidos (los tíos de su mejor amiga) quienes intentaron inscribirla como una hija propia.
Cuatro de los integrantes de esa familia: Gastón Eduardo Blanco, su hijo de 17 años y sus dos cuñados (Juan Ramón y Juan Manuel Gómez) fueron procesados como autores o partícipes del asesinato.
Una de las hipótesis del hecho es que Moledo reclamaba por su nieto entregado a esta familia sin los procedimientos legales, y que la mataron porque amenazó con revelar a las autoridades lo que había ocurrido con el menor.
Juan Ramón Gómez fue el único de los acusados que aceptó prestar declaración indagatoria al comienzo del juicio: se declaró culpable y admitió haber sido quien apuñaló a la mujer.
Según la acusación promovida por la fiscal Laura Urquiza, los tres adultos son responsables de “haber matado a la mujer, previo acuerdo y división de tareas y roles”, mientras que el menor “brindó la ayuda necesaria para que se consumara el delito”.
Los acusados participan del juicio desde la Unidad Penitenciaria de Río Grande y por sistema de videoconferencia.
Todos están acusados del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores”, con excepción del menor a quien se le atribuye una participación secundaria.
Según la imputación, entre el 9 de septiembre de 2019 y las primeras horas del 10, los tres imputados adultos ingresaron a la vivienda de la víctima sin ejercer fuerza en la cerradura, y “aprovechando que estaba desprevenida, la neutralizaron, golpearon en el rostro y provocaron heridas de muerte con un cuchillo. El cuarto imputado los habría llevado hasta un lugar cercano al domicilio de la víctima y se reunió, en forma posterior a haber consumado el hecho, con el resto de los coautores en una dirección acordada”.
Moledo, de 54 años, recibió varias heridas cortantes en el cuerpo, dos de ellas en la zona del cuello.
El asesinato fue presenciado por otro nieto de la mujer, de dos años, cuyos gritos en la madrugada del crimen alertaron a los vecinos y motivaron que la policía descubriera el cuerpo tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre.
El Tribunal de Juicio está integrado por los jueces Eduardo López, Juan Varela y Martín Bramati, mientras que la Fiscalía está representada por Urquiza y la defensa pública por Gustavo Ariznabarreta (defensor ante el Superior Tribunal de Justicia) José María Fernández López y José Pellegrino.
Por el Ministerio Pupilar, el abogado Alejandro Naccarato participa también del juicio ejerciendo la defensa del menor de 17 años al momento del crimen.
