l juicio por el homicidio de Gladys Moledo, la abuela a la que asesinaron frente a su nieto de dos años en la ciudad de Río Grande, sufrió ayer una nueva postergación.
Las audiencias iban a reanudarse en la víspera luego de un cuarto intermedio establecido el último viernes, cuando se produjeron inconvenientes de conectividad que impidieron las videoconferencias con las que participan del proceso los imputados y la fiscal Laura Urquiza, aislada en forma preventiva tras haber mantenido contacto con un caso positivo de coronavirus.
Sin embargo, problemas de salud manifestados por uno de los abogados defensores llevaron al Tribunal de Juicio en lo Criminal de de Río Grande a determinar un nuevo aplazamiento.
Según confirmaron voceros judiciales, el juicio se reanudaría mañana a las 8 en el mismo recinto, para escuchar las declaraciones testimoniales de dos policías que participaron del análisis de las cámaras de seguridad próximas al lugar del homicidio, cometido el 9 de septiembre del año pasado en una vivienda de la Margen Sur.
Los jueces Eduardo López, Juan Varela y Martín Bramati tienen a su cargo fallar en la causa donde se investiga la muerte de Moledo, de 54 años, quien recibió varias heridas cortantes en el cuerpo, dos de ellas en la zona del cuello, mientras estaba al cuidado de su nieto.
Sobre la trama del homicidio, el juez de instrucción Daniel Cesari Hernández demostró que la hijastra de Moledo, Oriana Milagros González, de 18 años, había dado a luz a una criatura pocos meses antes del crimen, y se la había entregado a una familia de conocidos (los tíos de su mejor amiga) quienes intentaron inscribirla como una hija propia.
Cuatro de los integrantes de esa familia: Gastón Eduardo Blanco, su hijo de 17 años y sus dos cuñados (Juan Ramón y Juan Manuel Gómez) fueron procesados como autores o partícipes del asesinato.
Una de las hipótesis del hecho es que Moledo reclamaba por su nieto entregado a esta familia sin los procedimientos legales, y que la mataron porque amenazó con revelar a las autoridades lo que había ocurrido con el menor.
Juan Ramón Gómez fue el único de los acusados que aceptó prestar declaración indagatoria al comienzo del juicio: se declaró culpable y admitió haber sido quien apuñaló a la mujer.
Según la acusación promovida por la fiscal Urquiza, los tres adultos son responsables de “haber matado a la mujer, previo acuerdo y división de tareas y roles”, mientras que el menor “brindó la ayuda necesaria para que se consumara el delito”.
Los acusados participan del juicio desde la Unidad Penitenciaria de Río Grande y todos están acusados del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores”, con excepción del menor a quien se le atribuye una participación secundaria.
