l Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) resolvió ayer remitir al Consejo de la Magistratura, las copias certificadas enviadas por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, de donde se desprende que el juez de instrucción de esa ciudad, Raúl Sahade, podría haber cobrado dinero para dictar fallos, y que le pasaba modelos de escritos judiciales a una abogada para que los presentara en causas en trámite ante su propio juzgado, según surge de una pericia telefónica cuyo contenido publicó en la víspera EDFM.
A través del acta acuerdo 833 de este año, los jueces Gonzalo Sagastume y María del Carmen Battaini aceptaron, primero, exceptuar de las deliberaciones al juez Javier Muchnik, debido a su condición de presidente del Consejo de Magistratura que ahora deberá intervenir en el tema.
Con posterioridad, Sagastume y Battaini resolvieron remitir las actuaciones al organismo encargado de la selección y remisión de magistrados.
De esta manera, el máximo tribunal de la provincia evitó pronunciarse sobre el nuevo escándalo que sacude al Poder Judicial.
A su vez, tampoco se conocieron descargos ni del juez Sahade, que continúa en funciones como si nada hubiera sucedido, ni del fiscal mayor de Río Grande Guillermo Quadrini, que según la Cámara de Apelaciones debería dictaminar si existen evidencias para adjudicarle delitos a Sahade.
Respecto del Consejo de la Magistratura, que se reunió en tres días para tratar la ampliación del Superior Tribunal de Justicia, se desconoce si con la misma celeridad convocará una sesión para analizar la posible apertura de un jury de enjuiciamiento contra al juez de instrucción riograndense.
Una víctima de 17 años
Una de las causas judiciales que habría sido “arreglada” por el juez Sahade tuvo como víctima a una menor de 17 años que falleció durante un accidente de tránsito en 2017, confirmaron ayer fuentes judiciales consultadas por EDFM.
EDFM publicó en la víspera el intercambio de mensajes entre Sahade y una abogada de Río Grande, de donde se desprende que el juez podría haber cobrado por el pago de sentencias, pero también que le enviaba escritos judiciales a la letrada para que las presentara en expedientes judiciales tramitados en su juzgado.
Según las fuentes documentales a las que accedió este medio, una de esas causas es la que se formó tras el accidente de tránsito ocurrido el sábado 5 de agosto de 2017 a las 18.50 en el kilómetro 2906 de la Ruta Nacional Nº3.
El hecho fue protagonizado por una camioneta Honda CRV de color gris, conducida por Pablo Hernández, de 36 años.
Tras el vuelco del vehículo, que quedó a unos 80 metros del camino, falleció una joven de 17 años, de nombre Candela Torres, por lo que Hernández fue imputado del presunto delito “homicidio culposo”.
El accidente derivó en una causa penal en la que intervino el juez Sahade, y en la que la abogada de Río Grande María Angélica Naveas Lagos se transformó en la defensora de Hernández.
Justamente el conductor del vehículo es quien terminó denunciando penalmente a su abogada Naveas Lagos con el argumento de que la letrada le pedía constantemente dinero para arreglar la causa.
En ese nuevo expediente intervino el juez Daniel Cesari Hernández, quien ordenó el allanamiento en el domicilio de la letrada y le secuestró su celular. En la pericia de ese teléfono aparecieron los intercambios que comprometen al juez Sahade.
Uno de los puntos más polémicos de los chats entre Naveas Lagos y Sahade es cuando el magistrado le pasa un escrito para que lo presente en el Juzgado de Ejecución, solicitando la “probation” o suspensión del juicio a prueba, en favor de su defendido.
“Te conseguí un modelo”, le escribió el juez el 19 de noviembre del año pasado. “Metelo independientemente de (lo que diga) la fiscal. Modificalo con tus palabras. Eso lo presentás en Ejecución. Y después me presentás en mi causa copia de la presentación, con el recibido, haciéndome saber la petición de probation”, agregó el magistrado.
Este intercambio hace referencia a cómo supuestamente se selló la suerte de una causa penal en trámite, sin considerar, por ejemplo, los intereses de la víctima, en este caso la joven de 17 años fallecida en el accidente.
Según allegados al caso, el padre de la joven es un conocido empresario riograndense, dueño del pub y restaurante “Ibiza” y de la agencia de telefonía “Claro”, que hace un tiempo se habría ido de la Isla.
