tendiendo al pedido que fuera formulado por el embajador de la República Popular China en nuestro país como así también al planteo realizado por las autoridades de la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química manifestando su interés “de arrimar posiciones con el objeto de encontrar soluciones a los diferendos existentes”, el Gobernador instruyó al Fiscal de Estado “para que se presente en la causa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Contencioso Administrativo, en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, solicitando la suspensión de los plazos procesales por el plazo de 30 días hábiles, prorrogables en forma automática por idéntico plazo salvo que alguna de las partes solicite la reanudación de los mismos”.
En el decreto, firmado el 30 de septiembre y publicado ayer en el Boletín Oficial, se hace mención al decreto 1426/16 mediante el que se resolvió rescindir “por culpa de la firma Tierra del Fuego Energía y Química S.A (TEQSA)” el contrato de suministro de Gas de Regalías que había sido firmados en septiembre de 2010, que dio lugar a la acción contenciosa administrativa iniciada por la empresa contra la Provincia argumentando que el decreto 1426 está viciado de nulidad, es arbitrario y viola el procedimiento legal vigente.
Si bien en esa causa, en diciembre de 2018, el Fiscal de Estado rechazó todos y cada uno de los argumentos sustentados por la demandada, ahora el Gobierno provincial sostiene que en el marco de los convenios de cooperación firmados entre nuestro país y China se establece “la mutua colaboración entre los estados signatarios y sumado a que en la actualidad existen buenas relaciones bilaterales entre estas dos naciones, el mantenimiento de largos procesos judiciales en nada coadyuva a la realidad imperante en la Provincia”, y que por ello “resulta oportuno abrir un canal de diálogo entre las partes a fin de encontrar una solución que dirima el conflicto suscitado”. De allí la instrucción para que el Fiscal de Estado “se presente en la actuaciones y solicite la suspensión de los plazos procesales por el plazo de 30 días hábiles prorrogables por otros 30 días hábiles, con el espíritu de arrimar posiciones y escuchar propuestas de resolución del mismo”.
En medio de esta controversia hay en juego el futuro de 30 millones de dólares pagados oportunamente por la empresa como adelanto de la compra de gas de regalías que debían utilizarse para la producción de urea que la firma se había comprometido a construir y poner en funcionamiento para fines de 2013, como así también de los 375 millones de pesos que la Provincia le reclama en concepto de multas e intereses por los incumplimientos en lo que incurrió TEQSA hasta la recisión del contrato.
