l Fiscal de Estado de la Provincia, Virgilio Martínez de Sucre, solicitó formalmente la suspensión judicial del concurso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura para elegir a los nuevos dos jueces del Superior Tribunal de Justicia.
Martínez de Sucre presentó un pedido de medida cautelar en la causa tramitada ante la propia Corte, en la que impulsa la declaración de inconstitucionalidad de un decreto dictado por la ex gobernadora Fabiana Ríos (y todavía vigente) que crea un procedimiento de consulta ciudadana posterior a la selección de los jueces del Superior Tribunal y el vocal legal del Tribunal de Cuentas por parte de la Magistratura.
El decreto 723/09 establece un mecanismo por el que, una vez efectuada la selección de los candidatos por parte del Consejo, y elevada la propuesta, el Poder Ejecutivo abre un período de presentación de impugnaciones por parte de la ciudadanía, y se reserva el derecho de designar o no a los postulantes propuestos.
Según el fiscal, que también integra el organismo encargado de seleccionar a los jueces, el decreto permite que el Poder Ejecutivo se entrometa en las facultades exclusivas del Consejo, y por eso es inconstitucional.
El funcionario planteó la acción de inconstitucionalidad ante el STJ, pero tras advertir que los miembros de la Corte todavía ni siquiera corrieron traslado de la demanda al Poder Ejecutivo, decidió dar un paso más y presentó la medida cautelar requiriendo la suspensión del concurso.
La situación es compleja por varios motivos: primero porque según Martínez de Sucre, con el decreto en vigencia, se produce un “conflicto de poderes” (entre el Consejo de la Magistratura y el Gobierno) y también porque si el decreto se deroga o se declara inconstitucional, ello ocurrirá con el concurso ya abierto, dando lugar a que cualquier postulante puede plantear un cambio de las reglas originales del proceso de selección.
Por otra parte, en la acción de inconstitucionalidad promovida por el fiscal, ya se excusaron tres magistrados: los actuales miembros del STJ Gonzalo Sagastume (presidente de la Corte) y Javier Muchnik (presidente del Consejo) además del camarista Aníbal Acosta.
Con ello, quienes tendrán que resolver si el concurso se suspende o no son la jueza del STJ María del Carmen Battaini y el camarista Civil Alejandro Fernández, confirmaron fuentes judiciales.
Conflicto de poderes
En el pedido de medida cautelar, Martínez de Sucre argumentó que “no habiéndose aún corrido traslado de la demanda de inconstitucionalidad incoada en autos, vengo a solicitar que previo a todo otro trámite y hasta tanto no recaiga sentencia definitiva en estos actuados, se decrete el dictado de una medida cautelar de -no innovar consistente en la suspensión del proceso de selección abierto por el Consejo de la Magistratura para cubrir los dos cargos de Juez del Superior Tribunal de Justicia”.
El fiscal afirma que el caso debe ser juzgado como “un conflicto de poderes” y que para tratar la cautelar debe apelarse a la “sana crítica, evitando interpretaciones revestidas de un excesivo rigor formal que, haciendo aplicación de un criterio extremadamente restrictivo acerca de la naturaleza del perjuicio que se pretende conjurar, obstaculicen o impidan -en los hechos- la vigencia de una efectiva y real tutela cautelar del proceso de selección de magistrados”.
En su presentación, el funcionario insiste en que, con el decreto de Ríos, el Ejecutivo “se reservó la facultad de designar al candidato propuesto a las resultas de la acreditación de una serie de requisitos de integridad moral e idoneidad académica que ya son evaluados por el Consejo”.
“Es evidente el hecho de que al no haber dado respuesta el Ejecutivo al pedido de derogación del Decreto N° 723/09 formulado por este organismo frente a la convocatoria del nuevo proceso de selección por parte del Consejo, torna altamente verosímil -al grado casi de certeza- la posibilidad de que el Ejecutivo reiterará su conducta -porque así lo imponen sus propios actos- y volverá a violentar la Constitución sometiendo al o los candidatos eventualmente elegidos durante el concurso a una duplicidad de instancia completamente inaceptable”, escribió el Fiscal de Estado.
También mencionó que “las consecuencias de un desenlace de estas características son de una gravedad inusitada. Una secuela de eventos que incluyera la postergación del nombramiento a las resultas de un procedimiento que, so color de su mayor amplitud o publicidad, sólo viene a reiterar instancias de participación ya previstas en el procedimiento del Consejo de la Magistratura, poniendo en tela de juicio lo actuado por éste, dañaría de manera irreparable el procedimiento de selección”.
Incluso Martínez de Sucre se pregunta qué sucedería si lo que el Poder Ejecutivo considera como condiciones personales o académicas de los candidatos no coincide con la ponderación efectuada por el Consejo de la Magistratura.
“Ciertamente, el escándalo institucional que implicaría la resolución antagónica por parte de distintos poderes del Estado ante los mismos antecedentes de uno de los postulantes colocaría a nuestro sistema en una crisis política de dimensiones impensadas”, concluye el fiscal.
