ranscurridos 15 años desde que la Legislatura dispusiera endurecer los requisitos exigidos que deben cumplir los profesionales de la Ciencias Económicas que sean designados por el Poder Ejecutivo para desempeñarse como Contador general o Subcontador General de la Provincia, el Gobierno presentó un proyecto de ley que busca moderar algunas de esas exigencias.
Específicamente propone restablecer la vigencia del original artículo 86 de la ley 495 (de Administración Financiera) sancionada en el año 2000, que contemplaba que los profesionales propuestos a la Legislatura para ocupar los mencionados cargos debían ser contadores públicos y contar “con una antigüedad mínima de 5 años en el ejercicio de la profesión y experiencia anterior en materia financiera-contable en el sector público”.
Esas condiciones rigieron hasta el 2005, cuando la Legislatura dispuso mediante la ley 679 endurecer esos requisitos, elevando a 8 años la antigüedad mínima en el ejercicio de la profesión y exigiendo una experiencia anterior en materia financiera-contable en el sector público no inferior a 3 años.
Las razones que llevaron a que el Parlamento entendiera necesario y conveniente fijar requisitos más estrictos para poder ser Contador General o Subcontador General se desconocen, ya que en la sesión en que resultó aprobada la modificación propuesta por el Bloque del MPF no se fundamentó sobre ese particular.
Un dato a tener en cuenta es que el proyecto en cuestión fue vetado totalmente por el entonces gobernador, y actual legislador, Jorge Colazo, he insistido por la Legislatura. Como en aquél momento todas las votaciones en el Parlamento eran a mano alzada, no quedó registro sobre cómo votó cada legislador la sanción de la ley y a posterior insistencia al veto.
Si bien en el año 2018 y 2019 el gobernador Melella designó a Araceli Marcela Oviedo Giménez como Subcontadora General y luego como Contadora General sin formular cuestionamiento alguno a los requisitos fijados por ley, ahora, y tras la renuncia de esa funcionaria, entiende que con la modificación introducida en 2005, el Parlamento “superó el principio de razonabilidad de la potestad reglamentaria ejercida por el Legislativo, en orden a garantizar, mediante dicha modificación, el cumplimiento de los candidatos al cargo con las condiciones de idoneidad requeridas”.
En el mensaje de elevación del proyecto, presentado el pasado 10 de noviembre, señala que al reglamentar los requisitos para el ejercicio de los cargos de Contador General de la Provincia y Subcontador General de la Provincia “se debe buscar por propósito, ante todo, el de garantizar el cumplimiento del principio de idoneidad para el ejercicio de los cargos públicos, y ajustarse de manera proporcionada, razonable y oportuna a velar objetivamente por el cumplimiento de dicha regla, en el marco de la garantía del derecho a la igualdad que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional”, y sostiene que a su entender el texto original de la ley 495 “ya disponía de manera razonable, oportuna y objetiva requisitos que equilibran de forma suficiente los dos aspectos centrales vinculados a la idoneidad y desempeño profesional de los funcionarios: título universitario de carrera de grado, antigüedad mínima quinquenal en el ejercicio de la profesión y experiencia en el ámbito del sector público en materia financiero contable”.
Argumenta, entonces, que con “el propósito de devolver equilibrio a la reglamentación sobre el artículo 168 de la Constitución Provincial, preservando el cumplimiento del principio de idoneidad de los funcionarios públicos, la garantía del principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos y una adecuada política de reclutamiento de los miembros que integran el cuerpo de funcionarios que me acompañan en la tarea encomendada por la ciudadanía como fruto del imperio de la voluntad popular” resulta oportuno reducir los requisitos de antigüedad en el ejercicio de la profesión y experiencia en el ámbito del sector público en materia financiero contable.
