Ordenan peritar el teléfono y la computadora del juez Sahade
Lo acusan de cobrar por fallos y arreglar causas

Ordenan peritar el teléfono y la computadora del juez Sahade

Lo dispuso el juez Cesari Hernández, que investiga a su colega por presunto “cohecho” según la acusación fiscal. El teléfono y la CPU fueron secuestrados en el despacho de Sahade, durante un allanamiento realizado el 28 de octubre. También analizarán las cuentas bancarias del magistrado, que pese a todo continúa en funciones.
17/11/2020
E

l juez de instrucción 1 de la ciudad de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, ordenó realizar una pericia informática sobre el teléfono celular y la computadora del juez de instrucción Raúl Sahade, y también dispuso analizar las cuentas bancarias del magistrado, en la causa penal donde lo investigan por el presunto cobro de fallos y el arreglo de causas de su juzgado, confirmaron fuentes judiciales.
Cesari Hernández ordenó peritar los elementos que fueron secuestrados en el propio despacho de Sahade, durante el allanamiento llevado a cabo el pasado 28 de octubre.
La medida dispuesta por el juez dispone practicar una “pericia informática” sobre el “teléfono celular Iphone de color blanco con funda transparente” y la “CPU de la computadora de escritorio”, secuestrados “en el despacho del señor Raúl Sahade el pasado 28 de octubre, que fueron fajados al momento del secuestro, y que se hallan a resguardo en la caja de seguridad del tribunal”.
La orden a los peritos del Poder Judicial incluye buscar en el celular las comunicaciones, archivos de audio y mensajes de textos entre Sahade y la abogada con la que habría mantenido diálogos comprometedores, entre “el 10 de agosto de 2018 y 28 de octubre de 2020”.
Además, Cesari Hernández mandó a investigar los mails de Sahade que puedan encontrarse en su computadora, y citó a las partes y a los peritos para que la pericia se llevara a cabo a partir de ayer, dijeron los voceros consultados.
Las sospechas sobre el accionar de Sahade surgieron a partir de una causa donde se investiga a la abogada María Angélica Naveas Lagos por el presunto cobro indebido de honorarios a un cliente suyo, condenado por “homicidio culposo” a raíz de su participación en un accidente de tránsito.
En esa causa intervino Cesari Hernández, quien ordenó allanar la vivienda de Naveas Lagos y el secuestro de su teléfono celular.
Cesari Hernández dispuso una pericia sobre ese teléfono secuestrado, y de allí surgió que la abogada no solo mantenía contacto con su cliente, sino que además intercambiaba mensajes de contenido polémico con el juez Sahade, donde se hacía referencia al supuesto pago de fallos y donde el magistrado le indicaba qué presentación hacer para obtener el dictado de una probation (o suspensión del juicio a prueba).
Cuando el caso llegó a la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, por un recurso de la defensa de Naveas Lagos, los jueces Federico Vilella, Jorge Luis Jofré y Julián De Martino, coincidieron en que el tribunal “no puede desentenderse del contenido del informe pericial”. Por eso remitieron copia de las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia (que luego lo envió al Consejo de la Magistratura) e hicieron hincapié en que la Fiscalía estaba en condiciones de expedirse sobre el tema.
Así fue como, una vez que el expediente retornó al juzgado de instrucción, Cesari Hernández le corrió vista al Fiscal Mayor Guillermo Quadrini para que “en cinco días” emitiera un dictamen.
Quadrini realizó entonces una “ampliación pormenorizada del requerimiento de instrucción” en la que encuadró el accionar de Sahade como un posible “cohecho”, y donde ratificó que la abogada debe ser investigada por una posible “extorsión” a su cliente.
Luego de una “reseña de los hechos y circunstancias” que rodearon el caso, el representante del Ministerio Público solicitó dieciséis medidas probatorias.
Mientras tanto, Sahade continúa en funciones. El desarrollo de un eventual jury de enjuiciamiento está muy lejos todavía de la etapa en que podrían suspenderlo del cargo, el Superior Tribunal manifiesta que carece de facultades para hacerlo y el propio juez aún no ha resuelto (al menos que se sepa hasta el momento) tomarse una licencia mientras se resuelve la causa judicial donde se encuentra formalmente imputado y notificado de derechos y garantías.
El Consejo de la Magistratura decidió encomendarle al presidente del cuerpo, el juez del Superior Tribunal Javier Muchnik, el informe preliminar de la ley de jury, pero desde entonces el tema dejó de estar en la agenda del organismo que volverá a reunirse esta semana para seguir desarrollando el concurso por el que deben elegirse dos nuevos miembros de la Corte provincial.

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