l abogado Francisco Ibarra, defensor del gobernador Gustavo Melella en la causa penal donde lo investigan por el presunto “abuso sexual coactivo” de tres obreros de la construcción, definió ayer como una “medida de rutina” a la pericia psiquiátrica dispuesta sobre Melella por el juez interviniente en el caso, Raúl Sahade.
El letrado declaró a la prensa que la pericia “es propia de este tipo de actuaciones” y constituye “una prueba habitual en todos los procesos donde se investiga abuso sexual”.
“Lo que no es habitual, y por eso se produce este revuelo, es la persona sobre la que se pide esta pericia, en este caso el gobernador de la provincia”, explicó Ibarra en declaraciones a Radio Provincia.
El abogado también le restó importancia al hecho de que la pericia haya sido ordenada en este momento, después de dos años desde el inicio de la investigación, y justo cuando Sahade está comprometido en otra causa donde se lo investiga por la supuesta venta de fallos y el arreglo de expedientes de su juzgado.
“Es cierto que esta misma pericia se había solicitado con anterioridad. Pero también es verdad que la medida se debe tomar después de las declaraciones testimoniales de las supuestas víctimas, que todavía no declararon por distintos motivos”, señaló el letrado.
Las testimoniales de los denunciantes no se produjeron el año pasado y se había fijado fecha para octubre de este año, aunque “tampoco se pudieron concretar porque el abogado querellante (Francisco Giménez) estaba aislado con Covid-19”.
“Es decir que no existió una dilatación adrede. Fijense que la querella volvió a solicitar la pericia el 13 de noviembre, y el juez a los pocos días citó a los denunciantes a declarar (para abril de 2021) y ordenó la pericia. Lo que está ocurriendo es el ABC de toda instrucción en materia de abuso”, insistió Ibarra.
También dijo que la declaración testimonial de las presuntas víctimas es una medida pedida por la propia defensa, que está interesada en saber si estas personas brindan testimonios que puedan resultar “armados” o “guionados”.
“Esta causa dejó los carriles normales debido al manejo público y político que se le ha dado”, concluyó el defensor, sobre las posibles motivaciones que existen detrás del expediente y sobre las que prefirió no ahondar.
La orden emanada por el juez Sahade sostiene textualmente: “Practíquese peritaje psiquiátrico sobre el imputado Gustavo Daniel Melella, tendiente a determinar la estructura de su personalidad (…) “si presenta patología de índole sexual, y/o síntomas de perversión en términos psicopatológicos compatibles con los hechos denunciados, así como indicadores de desajustes o desviaciones de la lívido y/o en el área de la sexualidad”.
También advierte que “el perito psiquiatra deberá determinar el estado de salud mental de Melella, su estructura de personalidad, es decir si presenta indicios de personalidad psicopática, perversa, sádica, impulsividad, violencia o si es peligroso para sí o para terceros”.
Y en otra parte pide a los peritos saber si Melella “se encuentra en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos, y dirigir sus acciones, además de cualquier dato que pueda resultar de interés para la presente investigación”.
Sahade afirma en la orden que “queda sujeto al criterio del perito psiquiatra, la realización de una consulta interdisciplinaria con un perito psicólogo”, y menciona que, para la pericia, el Gobernador será citado a través de la Comisaría de Género y Familia.
Además, el juez citó a las tres supuestas víctimas de abuso sexual a declarar como testigos: Damián Rivas lo hará el 12 de abril de 2021, Jerónimo Suasnabar el 14 de abril, y Mario Lovera el 16 de abril.
Todo ello sucederá después de dos años en que la causa no registró avances significativos y en el momento en que Sahade atraviesa una situación comprometida, acusado de vender fallos y arreglar expedientes.
Esa investigación sobre el juez se encuentra en manos del Consejo de la Magistratura, que volverá a reunirse esta semana y aun no se sabe si incluirá el tema en el orden del día.
