l Consejo de la Magistratura de la provincia volverá a reunirse hoy a las 11 en su sede de la avenida Alem 2320 de Ushuaia con el único objetivo de continuar el concurso público para la selección de los dos nuevos jueces del Superior Tribunal de Justicia, confirmaron ayer fuentes judiciales.
El encuentro coincidirá con la finalización del plazo de impugnaciones a los candidatos, y se especula con que los consejeros podrían fijar las fechas para las entrevistas y las evaluaciones escritas a los postulantes.
Hasta el momento, solo se conoció la impugnación presentada por la mesa de mujeres de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) contra el camarista Civil de Río Grande Ernesto Loffler, por su actuación en el caso donde estuvo involucrada la activista contra la trata de personas Alika Kinán. Y también la que se presentó contra la jueza Felicitas Maiztegui Marcó (ver nota aparte).
La presentación contra Loffler fue enviada por mail al organismo encargado de la selección y remoción de magistrados, y hasta ayer no se había cumplimentado la formalidad del certificado de las firmas de las peticionantes.
Según el reglamento interno del Consejo, “cualquier persona, previa acreditación de identidad, podrá presentar las observaciones que estime pertinentes respecto de los aspirantes dentro del plazo de veinte días corridos desde la última publicación del edicto conteniendo el listado en el Boletín Oficial de la provincia, debiendo adjuntar en el mismo acto la documentación que avale o fundamente sus manifestaciones”.
A su vez, aclara que “la presentación deberá ratificarla personalmente ante este Consejo, o certificarse su firma ante funcionario público”.
Como las integrantes de la mesa de mujeres de la UEJN no se encuentran en la provincia, se aguardaba todavía el envío de las firmas certificadas, para validar el escrito enviado por mail, dijeron los voceros judiciales.
Cumplido ese paso, los consejeros serán puestos en conocimiento del contenido de la impugnación (que ya fue adelantado por EDFM) y quedarán facultados para intervenir.
“No están obligados a pronunciarse sobre las observaciones. Pueden solo tomar conocimiento y evaluarlas para las instancias posteriores del concurso (por ejemplo la entrevista o la votación) o bien pedir informes o requerir el descargo del involucrado. Tienen amplias facultades”, explicó una de las fuentes consultadas.
Además, resta saber si será la única o habrá otras impugnaciones contra el mismo o contra otros postulantes.
Más allá de esta instancia, los voceros señalan como “muy probable” que el Consejo fije hoy un cronograma de entrevistas personales y de evaluaciones a los candidatos.
Al respecto, aclararon que se trata de 15 en total, ya que uno de ellos optó por renunciar a la postulación, y que la modalidad de evaluación será mixta, presencial para los que puedan concurrir al Consejo y virtual para los que se encuentren en otras jurisdicciones.
La intención de un grupo de los miembros de la Magistratura es completar el concurso antes del 16 de diciembre, en que vencen los mandatos anuales de los representantes de los abogados por Ushuaia y Río Grande.
Si el certamen se prolongara más allá de esa fecha, el problema sería que deberían intervenir letrados que no estuvieron en las diferentes instancias de evaluación.
No es el caso de los demás consejeros que seguirían siendo los mismos: el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, los legisladores Pablo Villegas y Ricardo Furlan que fueron ratificados por la Legislatura y el ministro jefe de Gabinete Agustín Tita. En tanto, el juez del Superior Tribunal de Justicia Javier Muchnik podría o no permanecer como representante ante el Consejo.
El legislador Villegas ya adelantó que el concurso podría definirse antes del 16, aunque no explicó cómo harían para entrevistar y evaluar a 15 postulantes en el exiguo plazo de 12 días.
El Superior Tribunal de Justicia fue ampliado por ley de la Legislatura de tres a cinco miembros, lo que de inmediato generó la necesidad de cubrir las dos nuevas vacantes.
El proceso fue cuestionado por uno de los participantes, el abogado Manuel Raimbault, quien planteó la falta de un jurado académico y otras falencias, y por el Movimiento de Mujeres Ushuaia (MMU) que exigió paridad de género y la designación de una mujer en alguno de los dos cargos disponibles.
Sin embargo, ambos planteos fueron desestimados por el organismo.
A su vez, Martínez de Sucre cuestionó judicialmente la vigencia de un decreto que le otorga al gobernador Gustavo Melella la facultad de convocar a una audiencia pública y de revalidar o no la selección que realice el Consejo.
