a reformulación del proyecto de presupuesto 2021 contempla el incremento de gastos y recursos y un déficit de 13.700 millones de pesos, unos 735 millones de pesos menos que el previsto en la presentación original.
A diferencia del proyecto presentado a fines de agosto, el ingresado el pasado miércoles 23 autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a disponer la cesión de activos a favor de uno o más fideicomisos para la adecuación de los recursos obtenidos por la emisión del bono TFU27, por 200 millones de dólares, con el objeto de financiar la ejecución de obras de infraestructura empleando otras fuentes y mecanismos de financiamiento, así como de una mejor administración de tales recursos. También autoriza a la renegociación de aquellos contratos que se encuentren en curso de ejecución, en sus términos económico-financieros y plazos de concesión hasta un plazo máximo igual al establecido en el contrato original, siempre que se trata de obras vinculadas con la prestación de servicios públicos que impliquen un alto contenido de interés para el desarrollo de las políticas provinciales de recursos naturales, turismo, industria, comercio de la Provincia o incorporación de bienes de capital de interés social para la prestación de servicios esenciales del Estado. Además incorporó un monto de 124,6 millones de pesos para el pago de la expropiación de 66 parcelas en la margen sur de Río Grande que fueran declaradas de utilidad pública en 2019 mediante la ley 1287.
En materia de gastos, el proyecto reformulado estimó erogaciones por 75.340 millones de pesos, unos 1.445 millones de pesos que los 73.984 millones estimados en el proyecto presentado el pasado 31 de agosto. En la estimación de ingresos se pasó de 59.435 millones a 61.616 millones; 2.180 millones de pesos más. De esta manera el déficit inicial estimado en torno a los 14.500 millones se reduce a 13.725 millones, unos 735 millones de pesos menos.
En función de ello, el resultado económico sigue siendo deficitario pero también se reduce en un 721 millones de pesos, pasando de 4.741 millones a 4.020 millones de pesos.
Se contempla un incremento de 508 millones de pesos en afrontar el pago de deudas, pasando de 6.480 millones a 6.988 millones, producto de un incremento de más de 1.000 millones de pesos en el pago de amortización de capital (de 3.783 millones a 4.837 millones) y una disminución de 538 millones de pesos en el pago de intereses.
En lo relativo a la planta de personal, la única modificación corresponde a la del escalafón docente que se aumentó en 60 cargos, que pasa de 5.250 a 5.850.
Otro de los cambios propuestos por la gestión Melella son la autorización al Ejecutivo para “disponer la cesión de activos a favor de uno o más fideicomisos para la adecuación de los recursos obtenidos por la aplicación del Artículo 12 de la Ley Provincial N° 1132 (bono de 200 millones de dólares) con el objeto de financiar la ejecución de obras de infraestructura empleando otras fuentes y mecanismos de financiamiento, ya sea en beneficio de los acreedores o los proveedores de la Provincia, así como de una mejor administración de tales recursos, en condiciones que resulten ventajosas a los intereses de la Provincia, pudiendo actuar la Provincia en condición de fiduciante y el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego en condición de fiduciario”, y la autorización para “la renegociación de aquellos contratos que se encuentren en curso de ejecución, en sus términos económico-financieros y plazos de concesión hasta un plazo máximo igual al establecido en el contrato original, en tanto hubiere transcurrido más de la mitad del término de la relación establecida en el acuerdo inicial, y siempre que se observen las condiciones que se enumeran a continuación. La renegociación se autoriza respecto de aquellas propuestas relativas a prestación de Servicios públicos que impliquen un alto contenido de interés para el desarrollo de las políticas provinciales de recursos naturales, turismo, industria, comercio de la Provincia o incorporación de bienes de capital de interés social para la prestación de servicios esenciales del Estado. Dichas propuestas deberán consistir en lograr sustanciales mejoras en el servicio prestado, logrando sensibles incrementos en la inversión de fondos, mejorando o bien traducirse en la ampliación o mejora de la prestación de servicios esenciales a través de adquisición o renovación de bienes de capital. En aquellos casos en que se decida encuadrar la renegociación en los términos del presente artículo, la inversión deberá realizarse en un plazo no mayor a los 3 años de acordada la renegociación. En los casos que se justifique encuadrar dichas renegociaciones el Poder Ejecutivo deberá Producir un informe legal y contable por el cual se fundamente la conveniencia en términos jurídicos, económicos y financieros”.
