l ministro de Finanzas de la Provincia aseguró que con la equiparación salarial dispuesta en el presupuesto 2021 entre los agentes del escalafón Profesional Universitario con sus pares del Tribunal de Cuentas Provincial, se dio cumplimiento al Decreto Provincial 2254/09, que establece la referida equiparación salarial.
Indicó que la determinación implica una recomposición salarial para el escalafón EPU y que con la se apunta a lograr un crecimiento en la profesionalización de la planta permanente de la Administración Pública, procurando que perciban un haber acorde a las responsabilidades y tareas asignadas, ya que a partir de ahora “aquellos profesionales que sean contadores públicos, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, entre otros, al ingresar percibirán 89 mil pesos, mientras que en el último año del Gobierno de Rosana Bertone percibían 33 mil pesos”.
“Esta diferencia es una muestra clara de la decisión política de buscar una mayor profesionalización de la planta técnica, con remuneraciones acordes al nivel de complejidad, autonomía y responsabilidad de las tareas asignadas, terminando una vez más con otra injusticia heredada por parte de la gestión anterior, ya que además de no cumplir con los acuerdos, generar desórdenes y fracturas salariales en los escalafones, denigró la tarea de los profesionales a través de sus haberes. Con esta medida se termina la diferencia entre profesionales de primera y profesionales de segunda que durante años se permitió”, sostuvo Guillermo Fernández.
El Funcionario aseguró que con esa decisión “se buscó generar un equilibrio razonable dentro del esquema del régimen retributivo del sector público provincial, a los fines de evitar que se sigan fortaleciendo las áreas de control por sobre las áreas de gestión, y que hasta ahora afectaba la política de reclutamiento del personal profesional al interior del Gobierno Provincial, al estar quebrado el principio laboral de igual remuneración por igual tarea. Hasta ahora se ha vivido un éxodo de profesionales hacia el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas Provincial y los Municipios, donde el ingreso es superior y en algunos casos, regresaban al sector privado. A partir de ahora se inicia un camino para no seguir perdiendo profesionales”.
Valoró que “estas decisiones se toman pensando en las diversas oportunidades que se generan al interior del Estado provincial, por ejemplo, a los trabajadores del escalafón seco, quienes tienen mayores posibilidades de crecer y seguir mejorando su carrera laboral, ya que al obtener un título profesional, tienen la oportunidad de cambiar de escalafón”.
“Era oportuno buscar un equilibrio razonable”
En cuanto a los cambios introducidos en el presupuesto 2021 a la ley que determina el monto de la remuneración de las máximas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, conocida popularmente como ley de dietas, sostuvo que se dispusieron en el entendimiento de que “era oportuno buscar un equilibrio razonable”.
Explicó que “el criterio establecido independiza la base de cálculo de las remuneraciones de las autoridades provinciales de los haberes a percibir por los Intendentes, que estaba vigente desde el año 2011” y dijo que esa era “una relación que no tenía mucha explicación ya que son funciones totalmente distintas. Por ende, lo que se ha hecho es imitar la forma en que los intendentes calculan su haber. El intendente de Río Grande lo hace en base a la categoría 23, de un total de 24 categorías, siendo la 10 la más baja. Además, desde inicio de 2020 cobra el adicional de título universitario al igual que todo su gabinete. Por su parte, el intendente de Ushuaia cobra tres veces lo que percibe una categoría 24, la más alta del Concejo Deliberante siendo la 12 la más baja”. Señaló que a partir de ahora “a nivel provincial se hará en base a la categoría más baja del escalafón universitario (multiplicada por 6) y su actualización dependerá de lo que considere el Tribunal de Cuentas Provincial".
