l ex-presidente del BTF Jorge Cerrota fue condenado ayer a la pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, al ser considerado partícipe secundario del delito de lavado de activos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4.
La condena se dio en el marco de la causa que se le seguía a Lázaro Báez, sus hijos y otra veintena de imputados, por lavado de dinero, y en la que el empresario santacruceño recibió una condena de 12 años.
El Contador Jorge Norberto Cerrota tuvo un fugaz pero intenso paso por la gestión pública en Tierra del Fuego entre 2006 y 2008, ya que ocupó diversos cargos durante el mandato del ya fallecido ex gobernador Hugo Cóccaro.
Cerrotta fue nombrado, primero, gerente general del BTF, y luego director de la entidad, el 15 de febrero de 2007, a través del decreto 581/07. En julio de ese año, Cóccaro perdió las elecciones y como no tenía fondos suficientes para pagar los sueldos de la administración pública pidió un crédito de $16 millones a la entidad crediticia oficial.
El presidente del BTF Vicente Fernández, se negó a concederlo con el argumento de que la operación ponía en riesgo las cifras de encaje de la entidad ante el Banco Central. Cóccaro encontró rápida solución al problema, aceptó la renuncia de Fernández y designó en su lugar a Cerrotta que autorizó el empréstito a las pocas horas.
Pero en mayo de 2007, Cerrota -por entonces Director del BTF- también fue designado por Cóccaro síndico suplente de la fallida empresa Recursos Naturales Sociedad Anónima (RENASA). La designación fue más bien efímera porque en julio de ese año, cuando ya era presidente del BTF, la Legislatura rechazó la designación de los síndicos de RENASA y posteriormente derogó la ley de creación de la empresa.
El paso de Cerrota por la Provincia fue “sin gloria” pero también “sin pena”. Sin gloria, porque en 2008 fue denunciado penamente por la Fiscalía de Estado por “incompatibilidad de funciones”, tras verificar que mientras presidía el banco provincial era a su vez “síndico del Banco Privado de Inversiones S.A”.
Sin pena, porque le ganó en 2010 a un juico al BTF por diferencias salariales. La demanda tuvo su origen cuando en el año 2008, la gobernadora Fabiana Ríos pretendió hacer valer la cláusula constitucional que fija como tope salarial de todos los funcionarios fueguinos el sueldo del Gobernador. Cerrota judicializó esa decisión argumentando que el tope salarial no era aplicable a los empleados del BTF. El juez Laboral Guillermo Penza falló a su favor y condenó al Banco de la Provincia a pagar las diferencias salariales reclamadas.
A fines de 2011 Cerrota fue designado Director Titular de la financiera SGI, que fue utilizada para la maniobra de lavado que le valió la condena impuesta ayer.
